La Fiscalía de Colombia radicó oficialmente la acusación contra Alexandra Ruiz, ex secretaria de Educación durante el gobierno de Daniel Quintero por contratos realizados alrededor de la adjudicación del contrato del programa Buen Comienzo, que brinda alimentación a niños menores de edad.

La acusación cubre a Alexandra Ruiz, ex secretaria de Educación, también a la exdirectora del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, Lina María Gil Zapata; y al particular Henry Paulisson Gómez Montoya, por posibles irregularidades detectadas en dos contratos para el suministro de alimentos para poblaciones vulnerables.

En total, Henry Paulisson se habría apropiado, indebidamente, de cerca de 2.379 millones de pesos por extras costos en los dos contratos, según la Fiscalía.

¿Cómo se negociaron los contratos de Buen Comienzo?

«Inicialmente, con ocasión de su participación en el trámite y celebración de un contrato para la atención alimentaria a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del Programa Buen Comienzo, suscrito en marzo de 2020, las exfuncionarias habrían permitido el cambio de la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa a una contratación por prestación de servicio.

«De esta manera, escogieron de manera directa a la corporación representada por Gómez Montoya. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de sobrecostos en los kits alimenticios, con productos cotizados por encima de los costos del mercado; además de la vinculación de talento humano sin tener en cuenta las necesidades y los requerimientos técnicos para atender a los beneficiarios, y pagos de honorarios por servicios no prestados.

«Todas estas anomalías generaron una posible apropiación ilegal de recursos en favor del contratista por 1.423 millones de pesos.

«El otro contrato cuestionado está es de la atención alimentaria de la población estudiantil con ocasión de la urgencia manifiesta decretada en marzo de 2020, también fue suscrito con la corporación representada por Gómez Montoya.

«Las evidencias indican que el contratista no contaba con la idoneidad ni reunía los requisitos exigidos en los estudios previos como una bodega para el almacenamiento de los alimentos. Para este propósito dispuso de un inmueble de la ciudad sin que mediara un arrendamiento o comodato», señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.

Aquí, igualmente fueron identificados sobreprecios en los paquetes alimentarios, duplicidad en los pagos por la logística en la entrega y una apropiación ilícita de recursos por $956 millones. Las exfuncionarias y el particular fueron acusados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos