La aceptación de Chiquita Brands de haber entregado dinero a grupos violentos derivó en el proceso contra 14 exportadores de banano por financiar a los paramilitares de Urabá, a quienes habrían entregado más de 33 mil millones de pesos.
Pero esa aceptación de Chiquita Brands fue ante la justicia de Estados Unidos y no ante la de Colombia, por lo que la multinacional nunca fue castigada en el país. Tras aceptar su culpa Chiquita entregó 25 millones de dólares a la justicia americana, pero ni un solo peso a las familias de las víctimas.
Sin embargo, en su declaración fue palpable que la convivencia entre exportadores de banano y los grupos violentos llegó a la financiación de estos últimos, en medio de una escalada de violencia donde enfrentaban, también, la presión de las guerrillas de las FARC.
“…En los años 90 y principios de los 2000, la empresa Chiquita Brands International realizó pagos regulares a las AUC, por un total de más de 1,7 millones de dólares. A su vez, las AUC lideraron y participaron en una ola de violencia contra las comunidades de la región bananera de Colombia, incluyendo las organizaciones sindicales, los oponentes políticos, los defensores y defensoras de derechos humanos, y líderes y lideresas indígenas. En 2001, el gobierno de los Estados Unidos clasificó a las AUC como una organización terrorista. Chiquita se declaró culpable de un delito federal por financiar a las AUC y pagó una multa de 25 millones de dólares al gobierno estadounidense, pero aún no ha indemnizado a las familias de las víctimas”, según el testimonio contra Chiquita Brands en USA.
Hábilmente, Chiquita Brands siempre ha querido que ese proceso de las víctimas se cumpla en Colombia y no en Estados Unidos, donde tiene una demanda que interpuso EarthRights International contra la multinacional.
¿Cuánto le pagaron los bananeros a los paramilitares?
Y, ahora, con base en ese testimonio y otros allegados en estos dos últimos años, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en el proceso contra 14 exportadores de banano por financiar a los paramilitares de Urabá, entonces denominados Autodefensas Unidas de Colombia:
“Estas personas, al parecer, pagaron a la estructura paramilitar tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía del país a los mercados internacionales.
“A cambio, los cabecillas del grupo armado ilegal se comprometieron a brindarles seguridad y permitirles continuar con la operación comercial en el Urabá antioqueño.
“Los elementos de prueba indican que los aportes ilícitos presuntamente se realizaron entre 1996 y 2004, y superaron los 33.292 millones de pesos.
En respuesta, los bananeros han señalado, como Chiquita Brands, que en ese momento también vivían extorsiones violentas de las guerrillas de las FARC.
“Los desembolsos se habrían hecho a la denominada ‘Convivir Papagayo’, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a 4 años de prisión en 2009; y Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a 6 años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arley Hurtado de las AUC”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.
¿Quiénes son los bananeros acusados por la Fiscalía?
En atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), la Fiscalía acusó a los 14 empresarios por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad.
Los afectados con la decisión son: Óscar Enrique Penagos Garcés, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, Santiago Antonio Uribe López, José Gentil Silva Holguín, Rosalba Zapata Cardona, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas, Javier Francisco Restrepo Girona, Óscar Luis Aristizábal Vahos, Jaime Restrepo Marulanda, Alberto León Mejía Zuluaga, Jaime Mauricio Restrepo Arango, Diego Andrés J. Restrepo Londoño y James Leader Wagner.
Algunos de los hoy acusados también han sido investigados, y sancionados, por apropiarse de tierras de los campesinos que eran asesinados o obligados a salir de sus fincas.
Además de figurar en el listado en el proceso contra 14 exportadores de banano por financiar paramilitares, entregado a los medios de comunicación por la Fiscalía de Colombia, algunos de esos bananeros son socios en el Puerto de Urabá, donde comparten acciones con Aníbal Gaviria Correa y el IDEA.
