Una prueba de fuego tienen los excesos y los gastos del gobierno de Abelardo de la Espriella al votarse este lunes, en el Congreso, el presupuesto para el año 2027 donde se destaca, negativamente, el aumento del costo de funcionamiento del Estado Colombiano, que será de 393,2 billones de pesos, casi el 20 por ciento del presupuesto.

La alerta la lanza el senador Rafael Nieto, en una columna que se “viralizó” y este fin de semana se reparte masivamente en redes sociales.

“…El Gobierno sigue sin explicar dónde y cómo reducirá el gasto, y tampoco ha presentado la anunciada ley de Rescate. Aprobar semejante presupuesto esperando que los ahorros aparezcan después no es responsable. Se necesitan compromisos verificables…Debemos decidir si el Estado seguirá gastando por encima de sus posibilidades…De cada $100 que crece el presupuesto, $53 van a deuda. Esto deja menos margen para colegios, hospitales y acueductos..”, dice el dirigente político del Centro Democrático.

OJO pues al aumento del costo de funcionamiento del Estado Colombiano y a todos los demás gastos de Abelardo De la Espriella, “…porque La responsabilidad fiscal es la condición para poder financiar la política social mañana…”.

Lea aquí en www.rutanoticias.co las principales inquietudes que plantea el senador Rafael Nieto Loaiza:

“El lunes, el Congreso votará el Presupuesto 2027 por $634,9 billones.

Debemos decidir si el Estado seguirá gastando por encima de sus posibilidades. El funcionamiento llegará a $393,2 billones (18,5% del PIB frente a 14,8% de 2019).

El gasto que creció en pandemia se volvió permanente. Mientras tanto, el servicio de la deuda llegará a $147 billones (1,6 veces la inversión). De cada $100 que crece el presupuesto, $53 van a deuda. Esto deja menos margen para colegios, hospitales y acueductos.

El Gobierno sigue sin explicar dónde y cómo reducirá el gasto, y tampoco ha presentado la anunciada ley de Rescate. Aprobar semejante presupuesto esperando que los ahorros aparezcan después no es responsable. Se necesitan compromisos verificables.

Para ofrecer soluciones, hace más de un mes, desde el Centro Democrático radicamos el proyecto 249 de 2026, que le ofrece al Presidente facultades extraordinarias por seis meses para reorganizar el Estado. La Constitución establece que el Gobierno tiene que solicitar esas facultades para que puedan aprobarse. Hasta hoy, ni las acoge ni se pronuncia.

¿Qué permitiría el proyecto? Fusionar o suprimir entidades, eliminar comités duplicados, ajustar plantas. Reducir el tamaño del Estado y disminuir el gasto público. Es lo único responsable.

La meta es un ahorro permanente del 2% del PIB ($42 billones anuales aproximadamente), que se destinaría a inversión, y a bajar el déficit. El gobierno no podría aumentar el funcionamiento ni reemplazar cargos eliminados con nuevos contratistas ni frenar servicios al ciudadano.

Congelar partidas o aplazar pagos de deuda solo da alivios pasajeros. Hay que corregir la estructura: solo en 26 entidades, los contratos de prestación de servicios pasaron de $424.000 millones en 2022 a $800.000 millones en 2025, por ejemplo. Sin reformas, la cuenta seguirá creciendo.

Reestructurar no es recortar indiscriminadamente. Debemos evaluar la inversión por sus resultados y proteger agua, educación, salud, seguridad y vivienda (en la propuesta del gobierno de Presupuesto 2027, el aseguramiento en salud no crece en términos reales y se recorta casi 60% la inversión en Fonvivienda).

El ajuste debe recaer en la burocracia innecesaria, no en los ciudadanos. El Gobierno puede acoger nuestra propuesta o presentar su propio plan con cifras y plazos.

La responsabilidad fiscal es la condición para poder financiar la política social mañana…»