Los 5 integrantes de una red que extraía oro ilegal en el bajo cauca antioqueño se movían tranquilamente por esta región de Antioquia a pesar de que ya las autoridades les habían incautado bienes por valores superiores a los 373 mil millones de pesos.

Además de su función en el manejo del preciado metal, cuya onza hoy vale mas de 4 mil dólares, unos 12 millones de pesos, a los integrantes de una red que extraía oro ilegal se les atribuye el pago de diferentes sumas de dineros a servidores públicos y grupos armados ilegales para que facilitaran el actuar criminal en el departamento.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a cinco de los posibles articuladores principales de una red delictiva señalada de extraer oro de manera ilegal en las regiones del nordeste y el bajo Cauca antioqueño, y coordinar posteriormente su comercialización.

“Se trata de María Consuelo Jiménez Salazar, quien sería la encargada de administrar el dinero producto de esta actividad ilegal y coordinar la obtención del metal y su venta; Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita de minerales; Jhon Wilmar Cabrera González, que tendría a su cargo el transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para la reparación de la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros; y Bernardo de Jesús Orrego Barrios, al que se le atribuye el préstamo de un título minero para legalizar tres lingotes de oro que le fueron incautados a uno de los integrantes de la organización y así evitar su captura.

“Los elementos materiales probatorios indican que este grupo también estaría implicado en el pago de dinero a algunos servidores para que alertaran sobre los operativos en la zona y a estructuras criminales con injerencia en el departamento para que facilitaran la labores de extracción, transporte y comercialización del oro”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal. Cuatro de los procesados aceptaron cargos. Todos deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.