Cuando los ciudadanos reclaman, el gobernante debe escucharlos. Un joven plantea cómo deben ser las inversiones públicas en San Antonio de Prado, porque si ellos quieren educarse los dineros deben invertirse en mejorarles su calidad de vida.

Alcaldía de Medellín, escuche a los jóvenes y piense, ¿se pueden repensar las inversiones públicas en San Antonio de Prado?

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En los últimos años, San Antonio de Prado ha sido testigo de un fenómeno preocupante: el creciente lobby que hacen las instituciones de educación superior —como el ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor y Sapiencia— para captar recursos del Presupuesto Participativo (PP) en nombre de la “educación”.

Un lobby que, disfrazado de buenas intenciones, se vale del anhelo legítimo de nuestras comunidades por acceder a estudios universitarios, para justificar inversiones que no resuelven los verdaderos problemas y, en cambio, consolidan un modelo de educación mercantilizado y de baja calidad.

Lo primero que debemos recordar es que desde hace cuatro años Medellín tiene una política de educación superior gratuita, y que esta misma garantía se consolidó a nivel nacional hace dos años (ley 2307 de 2023). Es decir, hoy en día cualquier joven del corregimiento puede acceder a la universidad pública sin que debamos destinar recursos locales para ello. Entonces, ¿por qué seguimos priorizando en PP programas redundantes que no garantizan mejoras reales en la calidad educativa?

Tomemos como ejemplo el programa “La U en mi barrio” del ITM. Si bien suena bien en el papel, la realidad que viven muchos jóvenes es deplorable: salones improvisados, sin acceso a bibliotecas, sin bases de datos científicas, sin espacios dignos para el estudio ni garantías de bienestar estudiantil. ¿Dónde está la inversión real? La mayoría del dinero se va en nóminas y operaciones mínimas. Nos cobran a precio de mercado, pero nos ofrecen servicios precarios. Así no se construye equidad ni desarrollo.

Otro caso preocupante es el de los talleres “de habilidades” que se han financiado con recursos de educación en PP. Actividades operadas por estas mismas universidades que se han convertido, más que en una oportunidad para aprender, en un derroche silencioso. Se firma, se ejecuta, se liquida. Pero ¿quién se beneficia realmente? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están los jóvenes transformados por estos talleres? Silencio administrativo y aplauso institucional.

Y mientras tanto, sectores críticos y sin inversiones priorizadas como la vivienda, el medio ambiente, el adulto mayor, la gestión del riesgo o la cultura siguen esperando, sin acceso a recursos suficientes ni programas de impacto. ¿No es hora de equilibrar la balanza? ¿De preguntarnos si estamos invirtiendo con cabeza o solo con el corazón manipulado por discursos emocionales?

Finalmente, lanzo una alerta sobre el manejo del fondo de educación para posgrados de Sapiencia: ¿cuántos de esos recursos que supuestamente destinamos para San Antonio de Prado han beneficiado realmente a nuestros habitantes? Si no se usan, quedan en el fondo general y van a parar a otras comunas. ¿Lo sabían? La falta de vigilancia ciudadana y de rendición de cuentas solo favorece a los que viven de administrar el desconocimiento de los demás.

Asimismo, es momento de exigirle también a la Alcaldía de Medellín mayor coherencia entre su política educativa y la del Ministerio de Educación Nacional. No tiene sentido que el distrito siga destinando recursos públicos a programas de acceso a la educación superior —como si la gratuidad aún fuera una deuda— cuando ya existe una política nacional que garantiza este derecho. En vez de duplicar esfuerzos y malgastar presupuesto, lo sensato sería articular estrategias, fortalecer la permanencia y la calidad educativa, y redirigir los recursos hacia las verdaderas brechas que siguen afectando a nuestras comunidades: el acompañamiento académico, el acceso a tecnologías, el bienestar estudiantil, y la formación técnica pertinente para el empleo local. Derrochar en lo ya garantizado es un lujo que San Antonio de Prado —y Medellín entera— no pueden seguir pagando.

Hoy, más que nunca, necesitamos líderes críticos y una ciudadanía informada que no se deje seducir por discursos vacíos de “más educación”. No más cheques en blanco a nombre del conocimiento.

Repensemos el rumbo. Porque educar también es saber en qué no invertir».