No cesa el escándalo del concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien fue acusado por el abogado Hugo Elejalde de corrupción, gracias a los contratos que tenían sus hermanos a través de Telemedellín.

Desde este miércoles, circula en redes sociales un cartel que muestra a los familiares de Bernardo Alejandro Guerra, su papel en la denuncia presentada por el abogado Elejalde y cómo se beneficiaron de esos contratos.

Bernardo Alejandro Guerra es concejal de Medellín, ciudad en la cual ha destapado muchos casos de corrupción, evitando que los corruptos se apropien de los dineros públicos, sin emabrgo ahora es él el acusado.

Incluso en el cartel aparece el precandidato del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, Andrés Guerra, quien contrataba con Telemedellín a través de la Fundación Sembremos País y posteriormente esa entidad le entregaba los dineros como aporte a sus campañas políticas.

En el afiche se ve que Andrés Guerra no es el representante legal de Sembremos País, pero sí como recibía los dineros como aportes.

Según la ley 617, los funcionarios públicos, como el concejal Bernardo Alejandro Guerra, y su primera y segunda línea de consanguinidad no pueden contratar con el Estado, en áreas donde su familiar tenga influencia política o administrativa. Y esa es la denuncia que hizo el jurista y que ahora se reproduce en redes sociales.

La masificación de ese cartel de los Guerra se da en momentos en que el juzgado primero penal del circuito ordenó a Bernardo Alejandro Guerra y al congresista León Fredy Muñoz rectificar unas acusaciones públicas contra un funcionario de la Gobernación de Antioquia, según publica la columna El reverbero, de Juan Paz:

«Los derechos a la honra y el buen nombre invocados por Jhonatan Suárez Osorio actual funcionario de la Gobernación de Antioquia, fueron amparados por el Tribunal Superior de Medellín que ordenó al concejal Bernardo Alejandro Guerra y el congresistas León Fredy Muñoz a retractarse de las afirmaciones realizadas en contra de Suárez Osorio.

«La historia tuvo su origen el 31 de mayo de 2018, con el inicio de un proceso legal en contra del representante, León Fredy Muñoz, quien -según reporte oficial de la Policía aeroportuaria- cometió el presunto delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, luego de una intervención policial en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro. Por no haberse impuesto medida de detención, Muñoz fue liberado.

«Apoyado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, Muñoz declaró ante medios de comunicación que lo ocurrido en el aeropuerto se trataba de un montaje planeado en su contra, por parte de la familia Suárez Mira, y afirmó que Jhonatan Suárez Osorio pagaba por enlodar su buen nombre.

«Ante un recurso de apelación interpuesto, la Sala Penal falló a favor de Jhonatan Suárez Osorio, con el objetivo de amparar sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, y ordenó a León Fredy Muñoz y Bernardo Alejandro Guerra a que, de manera explícita, pública y dentro de las próximas 48 horas, se retracten de las afirmaciones realizadas, expresando que las mismas no son comprobadas.

«Para los anteriores efectos, Muñoz y Guerra quedaron con la obligación de retractar las afirmaciones realizadas bajo las mismas condiciones de difusión que tuvo el mensaje emitido, esto es, ante diversos medios de comunicación de nivel local y nacional como Caracol Televisión, Caracol Radio, Canal Cosmovisión, Noticiero Telemedellín, periódico El Espectador, Noticias Uno; y espacios como las instalaciones del Concejo Municipal de Medellín y las redes sociales en las cuales se transmitió la información. (Orden de rectificación).