En abril del año 2018 se vivió la emergencia de Hidroituango que frustró la entrada en funcionamiento de la central hidroeléctrica.
Por esa crisis, se dejaron de ganar, a hoy, cerca de 2 billones de pesos en venta de energía.
Por eso, no sorprendió el inicio de investigación a 28 personas que desde sus cargos directivos pudieron intervenir en esa emergencia de Hidroituango, por acción o omisión.
la imputación de cargos es por 1.1 billones de pesos en lucro cesante (principalmente por no producir energía) y mala gestión presupuestal o administración, por un valor cercano a los tres billones de pesos.
“El auto que hoy presentamos hoy contiene 28 imputaciones por acciones u omisiones que llevaron a la pérdida de valor neto de Hidroituango, que generaron un lucro cesante de 1.1 billones de pesos”, señaló la Contraloría General de la República en una rueda de prensa sobre la emergencia en Hidroituango.
En ningún momento en la rueda de prensa se habló de investigar a estos directivos por corrupción, aunque la investigación apenas se inicia.
El inicio de la investigación fue presentado por el contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba.
Y allí se relaciona a Aníbal Gaviria, hoy gobernador de Antioquia, a Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.
Y otras personas como los exgerentes de Empresas Públicas de Medellín Juan Estaban Calle y Federico Restrepo.
Además «de otras personas involucradas en conductas omisivas o activas que habrían generado el daño Patrimonial”, agrega la Contraloría.
Los daños en Hidroituango siguen dejando muchos daños colaterales, que generarán mas investigaciones futuras.
