Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá avaló las pruebas de la Fiscalía y ordenó enviar la cárcel a los ex ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, como coordinadores del entramado delincuencial que coordinó la compra venta de carro tanques para La Guajira, dónde se generaron sobrecostos de hasta 20 mil millones de pesos.
Aparentemente, parte de esos sobrecostos permitieron “comprar” a varios congresistas, entre ellos los presidentes de Senado de la República y la Cámara de Representantes, para que aprobaran los proyectos de ley que presentaba el gobierno de Gustavo Petro.
Según la magistrada, al ordenar la reclusión de los ex ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco estos no actuaron de manera episódica ni aislada y más bien habrían creado un acuerdo “criminal organizado” que manejó esos recursos públicos”.
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En el escandalo de la compra de carro tanques se vinculó inicialmente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, y a su director, Olmedo López, para después conocerse la participación de otros funcionarios de la entidad y el pago directo de dineros al presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy capturados.
Las instrucciones de entregar ese dinero y los contratos venían, según la investigación, de Carlos Ramón Gonzáles, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien tiene orden de captura por este caso y se encuentra refugiado en Nicaragua.
Además de otros funcionarios como Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, y la entonces Alta Consejera Para las Regiones, Sandra Ortiz, capturados y procesados, y otro grupo de congresistas, entre quienes están los antioqueños Carlos Andrés Trujillo y Julián Peinado, quienes se habrían visto beneficiados con contratos y financiación de proyectos en sus regiones, casos que hoy siguen en investigación.
Con la remisión a la cárcel de los ex ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco solo queda señalar al más beneficiado con este escándalo de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Lo hará la justicia?
