El fallo contra Chiquita Brands en Estados Unidos es el primero de tres procesos que se sigue a bananeros por financiar a los paramilitares, que generaron una ola de violencia indiscriminada en el Urabá antioqueño para sacar de allí a la guerrilla de las FARC.

Esa violencia política dejó 97 masacres y 600 víctimas, solo entre 1990 y 1999 en Urabá.

Además del fallo contra Chiquita Brands, cuyo proceso investigaba la entrega de 1.7 millones de dólares en un plazo de seis años a los paramilitares, se sigue un proceso paralelo a 14 exportadores de banano, cuyo último avance fue en marzo de este año, y uno más en Estados Unidos por las masacres cometidas en territorio de Urabá.

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¿Qué pasó en Montecasinos, la casa de los castaño GIL?

La génesis de la unión de los bananeros (a través de productores o comercializadores) se dio tras una reunión de Carlos Castaño Gil, líder de los paras, un presidente de un gremio y un piloto gringo llamado “Káiser”, quien representaba a Chiquita Brands en Urabá.

Esta reunión fue en Montecasinos, la mansión de hermanos Castaño Gil en la frontera entre Medellín y Envigado, y allí quedaron claras las palabras (y prácticamente órdenes vedadas que daba Castaño): “la plata que ustedes entregan a las FARC pasan a este lado”.

Y, ante la amenaza vedada contra fincas y trabajadores, se inició ese pago a los paramilitares.

Vale decir que entre 1989 y 1999 Chiquita Brands había entregado entre 200 mil a 300 mil dólares a las FARC, en Urabá, para evitar atentados contra los trabajadores y las fincas (según su propia declaración ante el Departamento de Estado de Estados Unidos).

¿Quién fundó la Convivir Papagayo?

En la génesis de la unión de bananeros y paramilitares también aparece la Convivir Papagayo, creada por Arnulfo Peñuela, un ex sargento que tras retirarse de la brigada 17, de Urabá, montó esa “empresa de seguridad”, legalizada mediante decretos del gobierno de César Gaviria (1990 a 1994) y posteriores durante el mandato de Ernesto Samper (1994 a 1998).

Para que el pago fuera “legal” los productores autorizaban a las comercializadoras a descontar de cada exportación: la proveeduría, los trabajadores, la fumigación, los aportes a las Fundaciones Sociales y finalmente un “rubro” especial, de tres centavos de dólar por cada caja exportada, que era destinado a “pagar la seguridad”.

El dinero era consignado, directamente, en las cuentas bancarias de la Convivir Papagayo.

El fallo contra Chiquita Brands se produce tras una decisión de la compañía de entregar 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, acordado con el Departamento de Estado, como sanción por “haber facilitado dineros a grupos terroristas”.

Esa “multa” está amparada en los decretos de USA creados tras los atentados contra las Torres Gemelas y la sanción para empresas o personas que entregaran dineros a organizaciones ilegales o terroristas, definición en la que estaban las Autodefensas Unidas de Colombia.

¿Cuánto recibirán las víctimas en el fallo contra Chiquita Brands?

Por el momento, el fallo contra Chiquita Brands beneficia a nueve familias de víctimas de los paramilitares en Urabá (que demandaron en Estados Unidos) y que recibirá, cada una, cerca de 3 millones de dólares. Todas fueron asesoradas y respaldadas por ERI (EarthRights International), una “organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y el poder de las personas en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente”.

Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial”, indicó Marco Simons, director jurídico de EarthRights International.

No hay claridad aun si la multinacional apelará la decisión, dado que el número de víctimas, o demandas potenciales, podría subir hasta 5 mil en solo Urabá.