¿Cómo puede interpretarse el comunicado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en el cual dice que “funcionarios públicos deben acatar y no atacar la justicia”?
Analistas y observadores de la política sostienen que esa frase tiene destinatario propio: El presidente Iván Duque.
El mandatario le dijo el jueves a Caracol Radio frases como estas:
“No digo que la justicia no puede llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, sino que se le permita asumir su defensa sin medidas restrictivas de libertad”.
Y luego añadió: “Cuántos aforados están siendo investigados en este momento y se están defendiendo en libertad. Pero adicionalmente en el Congreso hay personas que han cometido delitos de lesa humanidad, que han tenido condenas y que, además, están siendo llamados por la justicia transicional en libertad. Además, gozan de una garantía de no ir a la cárcel si dicen ‘toda la verdad’. Uno no puede ver esos desequilibrios en la sociedad”.
“Todos recordamos cómo Jesús Santrich fue liberado, se le permitió ir al Congreso, además asumir una curul, y que ejerciera su defensa en libertad. Hoy vemos que a un expresidente ese beneficio no se le permite, esas son inconsistencias que las digo como ciudadano”, dijo el presidente.
Estas palabras del mandatario fueron interpretadas por los periodistas de caracol televisión y otras personas en redes sociales como una extralimitación del mandatario.
Pero también una violación de la libertad de las tres ramas del poder.
¿Qué le dice Fernando Carrillo a Iván Duque?
Por eso el procurador Fernando Carrillo se vino con todo.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que “es imperativo” para todas las Ramas del Poder Público en Colombia acatar y dar cumplimiento a las decisiones que tome a la Rama Judicial”.
Y agregó que “Ningún servidor público podrá promover o alentar su incumplimiento”.
Igualmente señala que son los estrados judiciales los escenarios propicios y únicos para discutir y confrontar las decisiones judiciales.
Con el agravante que genera el hecho de atacar o cuestionar una decisión judicial.
“Eso “…atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimienta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”.
Finalmente pide que no se generen escenarios de odio ni se aumente la polarización en el país con invitaciones públicas a manifestaciones o acciones de protesta.