El Gerente de EPM Jorge Carrillo sigue construyendo internamente una empresa que no el gusta alos antioqueños, donde pululan la politiquería, la burocracia el nepotismo y el amiguismo.

Esa misma EPM es la que quiere proteger SINPRO, el sindicato mayoritario de Empresas públicas de Medellín, que alerta sobre nuevos “pagos de favores políticos”, que ya se habían visto con la entrega de cargos a seguidores del exgobernador Luis Pérez y los intentos de empleados costeños por entregar contratos no a las empresas que ganaban las convocatorias sino a las que fueran “amigas”.

 Las alertas de SINPRO siempre generan inquietud entre los antioqueños y más porque nunca reciben una respuesta clara del gerente de EPM Jorge Carrillo.

Esta es la carta abierta de SINPRO al gerente de EPM Jorge Carrillo y a la Junta Directiva:

“Desde SINPRO vemos con suma preocupación como en esta administración se han dado cambios repetitivos en la estructura de EPM y nombramientos que afectan la transparencia y los rigores que han caracterizado a nuestra empresa.

Además de los casos que hemos puesto en conocimiento público, alertamos ahora sobre sus últimas movidas: la designación de los nuevos vicepresidentes de Asuntos Legales, Jonathan Villada Palacio, y de Talento Humano, Juliana Carolina Zapata Molina; el nombramiento de dos asesores para el nuevo gerente de Afinia; el poblamiento de la nueva estructura de TI, adscrita a la Vicepresidencia Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología; y el de la gerencia de Identidad, adscrita a la Vicepresidencia de Comunicaciones.

Históricamente hemos pedido para EPM una estructura administrativa acorde a los principios institucionales y rigores técnicos, sin dejar grietas por las que puedan colarse la politiquería, la burocracia, el nepotismo, el amiguismo y la corrupción. Por ejemplo, en 2018 tras la contingencia del proyecto Hidroituango, entregamos una propuesta de aporte a la sostenibilidad de EPM, incluida la optimización de la estructura.

En 2020, durante la administración del primero de cuatro gerentes de EPM en 20 meses -algo nunca visto en 66 años-, avisamos sobre la feria de nombramientos en altos cargos directivos y asesores, que no correspondían a la tradición de una empresa como EPM. Con su llegada a la gerencia y con la venia de la Junta Directiva esa práctica no cambió, por el contrario, se ha hecho más evidente, sin rubor ni pudor.

Hace unos meses, y sin cuestionar sus posibles méritos académicos, alertamos sobre los nombramientos de la Secretaria General, María Cristina Toro, y las vicepresidentas de Finanzas e Inversiones, Martha Durán, y de Comunicaciones, Mabel López, al dejar la sensación de que se está dando representación a cuotas de políticos afines al gobierno de Medellín.  El paso siguiente fue la creación de la Gerencia de Gestión Administrativa en la Secretaría General, no obstante, la existencia de la de Soporte Administrativo adscrita a Cadena de Suministros y Servicios Compartidos.

Señor gerente y miembros de la Junta, ustedes han subestimado estas alertas, las que lanzamos sobre el retiro de cerca de una veintena de trabajadores de todos los niveles llevados a condiciones extremas de presión y a las que han sido sometidos también personas en edad de jubilación.

Estos movimientos, la supresión de cargos esenciales y el cambio de denominación de otros, hemos advertido, hacen parte de una reestructuración para crear más burocracia, el pago de favores políticos y remoción de directivos que se han pronunciado sobre la pérdida de rigor técnico y los riesgos a que ha sido abocada EPM desde el inicio de la actual administración de Medellín y de la empresa.  Los nuevos casos lo ratifican.

Caso 1: el nombramiento del vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, Jonathan Steven Villada Palacio. El ingreso del señor Villada, que viene directamente del despacho del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, –otros ojos de su confianza en EPM, como los de su Secretaria Privada, María Camila Villamizar o la vicepresidente de Comunicaciones de EPM-, deja no solo dudas frente al cumplimiento de todos los requisitos para posesionarse, sino también por su origen y andadas políticas.

Caso 2: el nombramiento de la ingeniera civil, Juliana Carolina Zapata Molina, como vicepresidente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, con el gran mérito de ser su amiga de entera confianza y haber trabajado con usted, señor Gerente, en Andesco.

Caso 3:  el cambio de estructura en TI, dependencia adscrita a la Vicepresidencia Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología en cabeza de Darío Amar Flórez, quien busca hacer procesos de selección “abiertos”, que dejan dudas frente al poblamiento, dado que hay jefes que fueron a esa gerencia a liderar proyectos y ahora, al acabar la estructura existente, quedan en un limbo conocido en EPM como “embanderamiento”. ¿El propósito de estos procesos “abiertos” es abrir la posibilidad de nombrar personas “de confianza”?

En cualquier caso, este poblamiento tiene que ser transparente y con total responsabilidad con la organización y los trabajadores, en una vicepresidencia donde se vienen conociendo y documentando varias posibles situaciones de acoso laboral.

Recordamos que, en esta misma vicepresidencia, en un proceso como candidato único y en modalidad de “referido”, fue nombrado Jaime Ramos Agudelo como Gerente Desarrollo Nuevos Negocios, quien renunció hace unos días por “motivos personales”, y sobre quien cursa una investigación solicitada por SINPRO a la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa, referente a las competencias y funciones desarrolladas. 

Recientemente solicitamos fusionar esta gerencia con la de Programas de Transformación 4RI, a la que fue traído de Ruta N Javier Darío Fernández, pero nos encontramos con la sorpresa de un encargo en la primera, sin conocer los criterios objetivos para esa decisión.

Caso 4: el poblamiento en la gerencia de Identidad, adscrita a la Vicepresidencia de Comunicaciones, en la que la titular Mabel López, al quedar la plaza libre, hemos sabido tiene la intención de hacerlo mediante la modalidad de “referidos”, con las alertas que hemos lanzado en esta carta abierta, sobre los propósitos de este tipo de nombramientos.

Caso 5: lo sucedido en Afinia, con la salida de la gerente Blanca Liliana Ruiz y el ingreso, advertido también por SINPRO, de un político de carrera como Javier Lastra Fuscaldo, agente liquidador de Electricaribe, a quien la semana pasada la Junta Directiva de esa filial le aprobó el nombramiento de Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga como asesores, hechos que además de que posiblemente vayan en contravía de la austeridad, la transparencia, los códigos de ética y los valores institucionales promovidos por el Grupo EPM, podrían poner en riesgo la sostenibilidad de EPM.