El Gobierno retiró el proyecto de ley contra las plataformas de transporte que afectaba a 1.200.000 conductores y 21 millones de usuarios, pero será momentáneamente mientras, según la Superintendencia de Transporte, «se hacen ajustes».
El proyecto de ley contra las plataformas de transporte generaría multas de hasta 30 salario mínimos legales vigentes, unos 60 millones de pesos, y la inmovilización del vehículo por 30 días, en la primera sanción, sesenta días en la segunda y 120 días en la última sanción.
En la práctica eso significaría perder el vehículo porque el 347 de 2026, proyecto de ley contra las plataformas de transporte, fija en 4.7 millones de pesos la multa por cada viaje o servicio solicitado y a estos valores habría que sumar el costo del parqueadero, que en caso de una sanción de 90 días (para una ciudad como Medellín) llega a 7.560.000 (siete millones quinientos sesenta mil pesos) o de 10.080.000 mil pesos en el caso de una sanción de 120 días inmovilizado.
¿A quién sanciona proyecto de ley contra plataformas?
Con este proyecto de ley, se afectaría a 1.200.000 conductores que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo y a 21.000.000 de usuarios que solicitaron un servicio durante 2025.
Además, curiosamente, en el mismo se ordena sancionar hasta a los administradores de propiedades horizontales que “permitan” que vehículos de plataformas de transporte ingresen a prestar servicios desde su zona y ordena a los alcaldes y las secretarías de Movilidad a actuar contra sitios de descarga o recogida de pasajeros en zonas de alto tráfico, como iglesias, hoteles y centros comerciales:
“…El alcance sancionatorio no se limita a quienes prestan o utilizan el servicio. El proyecto extiende la responsabilidad a propietarios de vehículos y a administradores de propiedad horizontal, convirtiendo a ciudadanos y terceros en agentes de control bajo amenaza de sanción. El proyecto eleva de forma drástica el régimen sancionatorio, con multas desde 1.000 hasta 60.000 UVB (entre cerca de $ 10 millones y $ 726 millones) para propietarios y administradores de propiedad horizontal, ordena a los alcaldes desactivar físicamente puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, y genera un veto de facto, al incentivar a administradores privados a restringir el acceso de vehículos de plataformas para evitar sanciones”, señala un boletín de prensa de Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación que reúne a las principales compañías administradoras de las plataformas transporte.
Esa sanción para los administradores de propiedades horizontes podría llegar hasta 726 millones de pesos, una cifra que no manejan ni administradores ni propietarios de apartamentos en esas asociaciones.
