Cuatro años después de los huracanes IOTA y ETA aún persiste la falta de transparencia y la poca acción en la recuperación de San Andrés Islas, advierte Transparencia por Colombia, que a la vez  entrega un mapa de riesgos de corrupción en la reconstrucción.

 “Transparencia por Colombia ha realizado en los últimos cuatro años un seguimiento continuo al proceso de reconstrucción del archipiélago tras el paso de los huracanes IOTA y ETA. Los resultados de este trabajo se recogen en la reciente actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual evidencia que varias de las alertas de corrupción identificadas inicialmente, continúan vigentes.

Entre las alertas, Transparencia por Colombia advierte sobre el incumplimiento en la construcción de refugios seguros, de un hospital de segundo nivel en Providencia, de la falta de participación de la comunidad en las decisiones, de la incredulidad sobre la gestión de la Unidad Nacional de gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, y de fallas criticas en las construciones.

¿Qué denuncia Transparencia por Colombia sobre San Andrés Islas?  

“La principal alerta es la falta de información sobre la contratación en las obras e interventorías por parte de la UNGRD y el Findeter, a pesar de que la sentencia T-333 de la Corte Constitucional así lo ordenó desde el año 2022.  A la fecha no es posible encontrar en la plataforma de SECOP dicha información. Asimismo, a pesar de que se acordó en mayo de 2021 un Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción, hay varios compromisos que continúan sin cumplirse entre los que se destacan:

“La construcción de refugios seguros de acuerdo con los términos descritos en el PAE. A la fecha se han venido levantando estructuras temporales que no cumplen con los lineamientos mínimos de seguridad, ni los elementos necesarios para albergar a la comunidad en caso de que se vuelvan a presentar desastres similares.

“A pesar de que se ejecutaron los recursos, aun no se ha construido en Providencia el hospital de segundo nivel establecido en el PAE. En su lugar se hizo un centro de salud que presenta problemas en su diseño lo que ha llevado a serias filtraciones de agua”, señala el boletín de prensa.

Además, existen barreras para la participación de la comunidad en los procesos de reconstrucción y una ausencia de consulta previa en las etapas iniciales, lo que ha afectado la transparencia y legitimidad de dicho proceso.

Falta de credibilidad y confianza en la UNGRD. Esta entidad que es la responsable de la prevención y respuesta a calamidades en Colombia se ha visto involucrada en diversos escándalos de corrupción relacionados con la gestión de recursos para situaciones de emergencia. Desde 2020, se han abierto procesos de investigación contra cuatro directores de la UNGRD.

¿Qué dice el Raizal Development Center sobre reconstrucción de San Andrés?

Como complemento a las alertas identificadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Raizal Development Center, elaboró un informe de seguimiento al proceso de reconstrucción identificando áreas críticas que generan motivo de preocupación para la comunidad isleña:

No hay información sobre la ejecución de recursos para la reconstrucción de las viviendas afectas en San Andrés tras los pasos de los huracanes Iota en 2020, que dejó 542 viviendas afectadas, y Julia que dejó en 2022, que dejó 1.300 casas afectas. Según información de la UNGRD, se habrían destinado 5.700 millones entre marzo y diciembre de 2022 para estas afectaciones en San Andrés, pero a la fecha no hay información disponible sobre la ejecución de estos recursos.

Sobre la recolección y remoción de escombros, el informe elaborado por el RDC dice que en agosto de este año se adelantó un proceso inicial parte de la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina para la remoción de los desechos. Sin embargo, buena parte de la remoción está en cabeza de la UNGRD, la cual, aunque se comprometió a la destinación de $35.000.000.000 para completar esta labor, a la fecha se desconoce el proceso de contratación o asignación de estos recursos.

Desde TPC se pide prestar atención a estos llamados de la comunidad sobre el proceso de reconstrucción del archipiélago. El proceso de reconstrucción sigue vigente y todavía hace falta incrementar las acciones de coordinación entre las entidades nacionales, departamentales y locales, priorizar la transparencia, el control y la rendición de cuentas sobre los resultados, pero sobre todo salvaguardar los derechos de esta comunidad altamente vulnerados no solo por el paso de los huracanes, sino también por las falencias en la reconstrucción. 

“Lamentablemente, los problemas de corrupción que afectan los derechos de las comunidades en el manejo de desastres en Colombia no son un problema aislado, sino que son una vulnerabilidad estructural en la forma en la que se atienden estas emergencias. Esto ha dado como resultado una revictimización para la comunidad raizal, una ruptura del tejido social de las islas debido al caos e incertidumbre a la que la comunidad fue sometida y la creciente falta de confianza en la institucionalidad” expresa Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia.