José Augusto Rendón García fue nombrado defensor del pueblo en Urabá, pero su pasado como abogado de algunos reclamantes de tierras llevaron a que organizaciones sociales, que trabajan en la subregión, lo rechacen.

El hoy defensor fue personero en el municipio de Sonsón y contratista de la Alcaldía de San Pedro de Urabá, pero también defensor de propietarios de tierras que, aparentemente, pertenecían a campesinos desplazados.

Qué dicen organizaciones sociales contra José Augusto Rendón García:

“Organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas sociales, comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos del departamento de Antioquia manifestamos nuestra honda preocupación por el reciente nombramiento del señor José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional – Urabá.

Con este nombramiento se pone en peligro una institución que durante años ha tenido como principios misionales las confianzas con las comunidades, la promoción, la protección y las garantías a los derechos humanos de las y los ciudadanos, en este caso la comunidad urabaenses.

Conocemos de la insistencia del señor Rendón García para oponerse política y jurídicamente contra las organizaciones reclamantes de tierras y las víctimas del conflicto social y armado del país. Esta es tan solo una de las diferentes razones para demostrar su falta de objetividad, ética, humanidad y profesionalismo para ejercer un cargo que requiere la más alta afabilidad de una subregión marcada por una guerra histórica contra la población.

Rendón ha actuado en detrimento de los mecanismos fundamentales de la democracia y muestra de eso es que, en diversos escenarios, ha mantenido una férrea defensa de los intereses de personas antirrestitución de tierras en Urabá[1]. En esta subregión tan marcada por la violencia de grupos armados y el despojo por varios empresarios bananeros que fueron señalados por el exparamilitar Raúl Hasbún como patrocinadores del Bloque Bananero de las AUC.

¿Por qué ofende a las víctimas el defensor del pueblo?

En la parte final del comunicado, las asociaciones aseguran que este nombramiento es una ofensa a las víctimas:

«La misma Defensoría del Pueblo, en oficio emitido en el año 2014, manifestó su preocupación por actos intimidantes del abogado Rendón contra líderes reclamantes. Y es alarmante que ahora desempeñe el cargo de defensor del pueblo regional. Con este nombramiento se ofende a las víctimas del conflicto, a las y los reclamantes de tierras, a las y los defensores de la paz y de la vida. Se pone al servicio de intereses particulares el ejercicio vital del Ministerio Público como ente de control, las garantías de derechos, el avance en la búsqueda de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.

La Defensoría del Pueblo le abre paso a toda una estrategia antirrestitución en Urabá, una región que fue despojada a sus verdaderos dueños para imponer un capital paramilitar que se ha mantenido hasta nuestros días.

Alertamos a todo el país, a la comunidad internacional por el escenario peligroso del nuevo nombramiento de la Defensoría del Pueblo, Regional Urabá. Manifestamos que no habrá garantías al derecho a la vida de las/os líderes reclamantes de tierra, lideres/as sociales, integrantes de Juntas de Acción Comunal, Defensor/as de Derechos Humanos, comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables.

Suscriben:

Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Proceso Social de Garantías a la Labor de las y los Defensores de Derechos Humanos de Antioquia, Asociación Campesina de San José de Apartado- ACASA, Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA, Asociación Campesina de Antioquia – ACA, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana, Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Corporación Nibaru, Corporación Jurídica Libertad, Corporación comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, Corporación para la paz y el Desarrollo Social – Corpades, Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares, Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, Colectivo Por La Defensa De Los Derechos y La Dignidad Humana. Chucho Minga, Ciudad en Movimiento, Fundación Sumapaz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Seccional Antioquia), Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos – GIDH, Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño, Observatorio de Derechos Humanos Fabiola Lalinde Lalinde y el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo SINDHEP.