La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y a las ex subdirectoras ambientales de la entidad, María Roldán Ortiz y Diana María Montoya; y al tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí (Antioquia), Juan Alberto Henao Cardona, señalados de participar en las irregularidades detectadas en seis contratos suscritos entre julio de 2020 y julio de 2023, por un valor superior a los 17.656 millones de pesos.
Juan David Palacio, ex director del Área Metropolitana y uno de los funcionarios más cercanos a Daniel Quintero, el cuestionado ex alcalde de Medellín, es investigado por seis contratos entregados “a dedo”, aunque superaban el valor de 17 mil millones de pesos. A pesar de las pruebas de cómo se hizo la adjudicación de esos dineros, un juez resolvió dejarlo en libertad y seguirá vinculado al proceso, pero desde su casa.
¿Por qué investigan a Juan David Palacio?
“Los procesos contractuales tenían por objeto la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de 10 municipios para la reducción del riesgo de desastres y la atención de emergencias a través de la formación bomberil, y la entrega de kits bioseguridad para atender las necesidades ocasionadas por el Covid-19.
“De acuerdo con las evidencias recaudadas, la contratación se realizó de manera directa. La modalidad escogida presuntamente desconoció parámetros legales, impidió la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, y tenía como propósito favorecer a un aspirante específico, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
“Adicionalmente, fueron detectados sobrecostos en los productos que conformaban los paquetes de bioseguridad, giros por servicios de transporte que nunca se prestaron y recargas a líneas celulares que tampoco se realizaron, entre otras posibles anomalías que ocasionaron un detrimento patrimonial que superó los 2.481 millones de pesos”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín le imputó a Palacios Cardona los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, ambas conductas agravadas. Entre tanto, a Roldán Ortiz y Montoya Velilla, quienes cumplieron funciones de ordenadoras del gasto, fueron vinculadas por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos; mientras que Henao Cardona por falsedad en documento privado. Los procesados no aceptaron los cargos.
