Un grupo especial de la Fiscalía llegó hasta el complejo de Hidroituango para conocer en el terreno todo el proceso de obras y de contratación de la obra de ingeniería.

Para la Fiscalía es básico conocer qué pasó antes, durante y después del 28 de abril de este año cuando se desató la crisis de Hidroituango y la central debió ser inundada, en su casa de máquinas, desplazados los habitantes de siete municipios y veredas cercanas a ella y al río Cauca, ante el inminente desbordamiento de la presa.

Hasta hoy Empresas Públicas de Medellín siempre ha dicho que fue una contingencia generada por la naturaleza, pero las pruebas que se han aportado muestran errores en la construcción, cierre intempestivo de túneles de desagüe y construcción de un túnel más que no estaba en el proyecto inicial de obras. Es decir, apresuramientos para poder entrar a generar energía desde diciembre del 2018, como lo requerían la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Los fiscales delegados ya presentes en Hidroituango estarán allí hasta el 21, viernes, recopilando la información, para lo cual EPM expidió un comunicado informando que se entregará toda la documentación. “Como lo ha venido haciendo con los diferentes entes de control, EPM reiteró a la Fiscalía su disposición a colaborar en todo lo que sea pertinente para cumplir a cabalidad su tarea. Estos funcionarios de la Fiscalía tendrán acceso a todas las fuentes y espacios que consideren necesario consultar en los distintos frentes de obra”, dice el comunicado.

Insistentemente se ha dicho que la construcción, otorgada durante la gerencia de Juan Esteban Calle, en EPM, a la firma Camargo Correa, de Brasil, Conconcreto y Coninsa Ramón H, fue en medio de críticas de los demás oferentes por la forma en que parecía decidida a uno solo de los proponentes.

“La Entidad mantiene hasta el momento tres líneas de investigación relacionadas con la hidroeléctrica. La primera tiene que ver con presuntas irregularidades en la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y en la celebración de los contratos. La segunda está relacionada con un contrato que hace parte de Pescadero – Ituango para la construcción de varios túneles de desviación del río Cauca. Y la tercera por las denuncias presentadas por el movimiento Ríos Vivos, por una posible afectación al medio ambiente, vigente desde febrero de 2017”, escribió la revista Semana sobre esta delegación de la Fiscalía que llegó a Hidroituango.