La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia que ordena que a la Hacienda La Carolina se le aplique la extinción de dominio, al considerarse que fue un bien utilizado para actos ilegales.
Esa sentencia está contemplada en el fallo que ratificó la sentencia de 28 años de cárcel para Santiago Uribe Vélez, acusado por supuestamente conformar grupos de autodefensa y de autorizar que en esa propiedad se contara con un área específica de entrenamiento para quienes posteriormente harían parte del llamado grupo de los Doce Apóstoles.
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Por eso, aplicar esa decisión sería un trofeo para la izquierda de Colombia que siempre ha visto a la Hacienda La Carolina como uno de los bienes más apreciados e históricos en la vida de la familia y del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia (al lado de la Hacienda Guacharacas, donde fue asesinado Alberto Uribe, padre del ex mandatario, el 14 de junio de 1983).
¿De quién es la Hacienda La Carolina?
Curiosamente, la orden de extinción de dominio se da en esa sentencia aunque allí también está consignado que la propiedad fue vendida en el año 2002. Hace 24 años.
Ahora, según la ratificación de la sentencia que hace la Corte Suprema de Justicia, se compulsa copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de La Nación para que se adelante el proceso de toma y embargo de la propiedad.
“…Se pudo establecer que el inmueble, la hacienda La Carolina ubicada en el municipio de Yarumal, en el sector de los Llanos de Cueva, fue destinado para la realización de reuniones dirigidas por el sindicado y en las que hacían presencia otros miembros del grupo criminal. Allí permanecían hombres armados, se efectuaban entrenamientos y se proveían de armas, actos con los que se constituyeron delitos de lesa humanidad…”, se lee en el expediente.
Precisamente, este martes el ganadero Santiago Uribe Vélez se presentó a una comisaría de policía para cumplir con su condena de 28 años y tres meses de prisión por supuestamente haber liderado el grupo de “Los 12 Apóstoles”, mientras que su defensa presentaba al Tribunal Superior de Antioquia una solicitud para que no cumpla esa pena en una cárcel, sino en el batallón Juan Del Corral, en Rionegro.
El problema ahora es legal, la familia Uribe Vélez vendió la propiedad en el año 2002 a un grupo de ganaderos y empresarios antioqueños, entre ellos Manuel Santiago Mejía Correa, quienes hoy figuran como tenedores de buena fe y sobre cuyos dineros y propiedades no existe ningún requerimiento de la ley.
