La Magistrada de Cartagena Catalina del Carmen Ramírez Villanueva revivió con sus actuaciones judiciales al Cartel de la Toga, el entramado criminal que se descubrió en 2017 y que mostró como altos dignatarios de la Corte Suprema de Justica de Colombia, auxiliares de ellos y abogados se unieron para alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos.
Y ahora se conoce que la magistrada de Cartagena Catalina del Carmen Ramírez hacía lo mismo y también por cifras millonarias, con actos jurídicos que obligaban al pago de cuantías superiores a los 1.600 millones pesos.
Pero sus decisiones judiciales quedaron al descubierto y ahora será imputada de dos delitos.
¿Qué hacía en sus fallos la magistrada de Cartagena?
“Un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado en razón por la cuantía.
“El 10 de julio de 2013, mientras se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Decisión manifiestamente contraria a la ley en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna.
“Con esta actuación la funcionaria incrementó injustificadamente el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros desembolsados con anterioridad por el Instituto de Seguro Social (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.
Lo anterior, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla advirtió de manera expresa que el crédito debía fijarse en ‘cero’ porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad. Para la Fiscalía la funcionaria judicial favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado.
