El periodista Gerardo Reyes, director de investigaciones de Univisión, hizo públicas más pruebas contra Jorge Luis Hernández, alias Boliche, un investigado en Estados Unidos y quien pasó de conductor, guía y ex asistente legal de Abelardo De la Espriella en Miami a ser quien le recomendaba “clientes” y amistades entre agentes antinarcóticos, abogados de narcos e informantes cuando el hoy presidente de Colombia se “establecía” en la capital del sol.
Según Gerardo Reyes, Jorge Luis Hernández, alias Boliche, “…Fue informante de diferentes agencias federales durante más de 20 años, una relación que comenzó alrededor del 2001 luego de que se presentó en la embajada de Estados Unidos en Colombia y confesó su pasado como narcotraficante bajo el mando de Salvatore Mancuso, jefe máximo de las Autodefensas de Colombia (AUC)…”…Años después, Abelardo De La Espriella, como presidente de la Fundación FIPAZ, sería señalado de recibir aportes de Mancuso y los jefes paras que integraban la mesa de paz de Ralito (año 2003).
Agrega Reyes que en la ampliación del testimonio en la Corte de Miami se “…menciona, sin citar los nombres, a cuatro cómplices (coconspiradores) y al ciudadano colombiano residente en República Dominicana, José Suárez Castillo, cuyo papel no es explicado ni se la atribuye ningún crimen. También ha sido citado sin nombre un “coconspirador no acusado”. Tres fuentes de N+Univision Investiga sostuvieron hace algunos meses que se trata de Daniel Peñarredonda, quien fue mano derecha de De la Espriella en su bufete de abogado en Colombia. De la Espriella ni Peñarredonda se han pronunciado sobre este caso. Hernández, quien trabajó para varios abogados de narcos al sur de la Florida, era un asiduo visitante de la firma legal de De la Espriella en Coral Gables, Miami…”
Pruebas contra Jorge Luis Hernández, alias Boliche, el ex asistente legal de Abelardo De la Espriella en Miami:
Este es el escrito de Gerardo Reyes:
“La abogada de Jorge Luis Hernández, alias Boliche, exasistente legal en Miami del presidente de Colombia Abelardo De la Espriella, no parece dispuesta a rendirse ante la más reciente decisión contra su cliente en una corte de Tampa, Florida, donde el colombiano afronta cargos de lavado de dinero y fraude electrónico.
Silvia B. Piñera-Vázquez insiste en que la fiscalía entregue las expresiones exactas con las que Boliche presuntamente ofreció acuerdos de reducción sustancial de penas a narcotraficantes.
Esos ofrecimientos eran fraudulentos, según el gobierno, pero la abogada cubanoamericana alega que los fiscales “nunca identifican los enunciados [de Hernández] que convierten esas promesas en fraudulentas”.
La ausencia de dichas evidencias en la etapa del descubrimiento probatorio por la que atraviesa el proceso en Tampa deja sin respuesta varias preguntas de fondo, afirma Piñera-Vásquez en un recurso presentado esta semana.
¿Acaso el Sr. Hernández garantizó —presuntamente— una pena concreta?”, se pregunta. ¿Afirmó que un fiscal ya había aprobado una reducción? ¿Alegó tener autoridad para controlar una decisión de la fiscalía? ¿O vaticinó el resultado probable de una colaboración fructífera?, agregó.
Del contenido de esas respuestas depende el tema central de la acusación, sostuvo Piñera-Vásquez.
La situación es más compleja, agrega la abogada, porque Boliche en sus conversaciones con los acusados jugaba un doble papel, como “paralegal” o asistente jurídico de “equipos de defensa criminal” (no identificados) y otro como informante del gobierno federal.
“Las conversaciones sobre cooperación, asistencia sustancial y posibles reducciones de pena podrían surgir legítimamente en ambos contextos”, escribió la defensora. “La cuestión fundamental es, por tanto, qué dijo realmente el Sr. Hernández que, según sostiene el gobierno, convirtió dichas comunicaciones en un fraude delictivo”.
Hernández fue informante de diferentes agencias federales durante más de 20 años, una relación que comenzó alrededor del 2001 luego de que se presentó en la embajada de Estados Unidos en Colombia y confesó su pasado como narcotraficante bajo el mando de Salvatore Mancuso, jefe máximo de las Autodefensas de Colombia (AUC).
La moción de la abogada se produce en respuesta al fallo de una magistrada en el sentido de que la defensa ya tiene suficientes pruebas en su poder, incluyendo centenares de mensajes de WhatsApp entre Boliche y sus potenciales clientes. La petición de ampliar ese acervo no es procedente, dijo la magistrada.
Hernández está acusado de hacer ofrecimientos falsos de reducción de penas a narcotraficantes a cambio de pagos de sumas millonarias, propiedades, joyas y automóviles.
El gobierno señala que la confabulación criminal incluía amenazas de Hernández y otros a los narcotraficantes y sus familiares si no cumplían con los pagos.
El delito de conspiración para el lavado de dinero se aplicó al caso por cuanto Hernández presuntamente utilizó el sistema financiero de Estados Unidos para canalizar los pagos ilegales. Al hacerlo también cometió fraude electrónico (aire fraud).
En una ampliación de la causa en abril pasado fue agregado otro acusado. Se trata de Juan Carlos Cerchiaro, un colombiano a quien se le acusa de recibir el dinero, las escrituras de las propiedades y los automóviles de los narcos y sus familiares como pago de los servicios prometidos por Hernández.
Hay un elemento novedoso en la ampliación de la imputación: la fiscalía argumenta que Hernández pedía honorarios no solo para él sino para abogados. Sus nombres no son revelados. Las sumas podían llegar a dos millones de dólares.
La ampliación menciona, sin citar los nombres, a cuatro cómplices (coconspiradores) y al ciudadano colombiano residente en República Dominicana, José Suárez Castillo, cuyo papel no es explicado ni se la atribuye ningún crimen.
También ha sido citado sin nombre un “coconspirador no acusado”. Tres fuentes de N+Univision Investiga sostuvieron hace algunos meses que se trata de Daniel Peñarredonda, quien fue mano derecha de De la Espriella en su bufete de abogado en Colombia.
De la Espriella ni Peñarredonda se han pronunciado sobre este caso. Hernández, quien trabajó para varios abogados de narcos al sur de la Florida, era un asiduo visitante de la firma legal de De la Espriella en Coral Gables, Miami. Una fuente de N+Univision Investiga sostuvo que cuando De la Espriella empezaba a establecerse en Miami alrededor de 2010, “Boliche hacía de chofer y de guía de Abelardo, a veces hasta comía en su casa».
También dijo que introdujo al hoy presidente en el círculo de abogados de narcos, agentes federales e informantes del sur de la Florida, y que le presentó a quienes se convertirían en algunos de sus clientes más importantes.
La moción de la abogada defensora sostiene que cuando pidió en su anterior recurso la ampliación de las pruebas su intención no era que el fiscal revelara los nombres de los cooperadores o los coconspiradores no identificados.
Hasta ahora el gobierno ha entregado tres terabytes de pruebas. El juicio está señalado para el lunes ocho de marzo de 2027 a las 9 am», se resalta en el escrito de Gerardo Reyes.
