En una medida muy drástica y peligrosa para Medellín, la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Sociedades someter a “control Societario” a EPM, Empresas Públicas de Medellín, por ocultar información y mentir sobre los que pasaba en Hidroituango.

En sus 63 años de existencia, EPM nunca ha estado bajo control del gobierno nacional y siempre ha sido dirigida por el Alcalde de la capital paisa y quien él delegue como gerente de Empresas Públicas de Medellín.

Solo hasta ahora, con los innumerables errores cometidos por el presidente de la Junta de EPM, Federico Gutiérrez, y el experto en encuestas y gerente de la empresa, Jorge Londoño de la Cuesta, Antioquia y Medellín podrían perder a Empresas Públicas de Medellín.

Este es el boletín de prensa entregado esta tarde de viernes por la Procuraduría General de la Nación:

“La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia de Sociedades someter a vigilancia y control societario a Empresas Públicas de Medellín (EPM), teniendo en cuenta que han suministrado información que presuntamente no se ajusta a la realidad. 

“En carta enviada al superintendente Juan Pablo Liévano Vegalara, el Ministerio Público sostuvo que esta circunstancia amerita el inicio inmediato de las correspondientes investigaciones administrativas “previa práctica de visitas que conduzcan a adoptar las medidas que permitan subsanar las presuntas irregularidades en que hayan podido incurrir en desarrollo de su objeto social; y, de ser necesario, se adopte alguna de las medidas de intervención y se designe un agente interventor para estos efectos”.

“El órgano de control advirtió nuevas situaciones de amenaza latente que no fueron comunicadas oportunamente por parte de EPM, “lo que genera total incertidumbre frente al nivel de riesgo del Proyecto, así como la falta de control sobre la infraestructura utilizada en su ejecución”. 

“Así mismo, recordó la obligación y el deber que tiene el Estado colombiano de supervisar el cumplimiento de las normas societarias, y el ejercicio del control administrativo sobre operadores públicos y privados involucrados en este proyecto, a través del monitoreo de las actividades que ejecutan las empresas dentro del giro ordinario de sus negocios. 

“La Procuraduría sostuvo que actualmente se presenta un panorama de total incertidumbre generador de potenciales riesgos y amenazadas para la región, donde la inseguridad de los habitantes de aproximadamente 15 municipios es un aspecto que debe ser considerado prioritario y fundamental en la agenda de las entidades del Estado, y por tanto, se hace necesario “la adopción de medidas urgentes bajo estándares de debida diligencia a cargo de los organismos de control y supervisión, proporcionales al grado de riesgo y daño que representa Hidroituango”. 

“El Ministerio Público pidió a la Supersociedades remitir informe de las acciones que se adelanten en relación con las presuntas irregularidades presentadas en el proyecto.