Desde el año 2022 muchas niñas venezolanas eran obligadas a prostituirse en Medellín, tras hacerlas salir de su país y ofrecerles trabajo en la capital paisa en comercios y empresas.

Las que “convencían” a las niñas y jóvenes, aprovechándose de la extrema condición económica que se vive en ese país, era una mujer venezolana que además les ofrecía vivienda y alimentación en Medellín.

Pero, como en tantos casos de trata de personas, al llegar las niñas venezolanas eran obligadas a prostituirse en Medellín, al ser informadas por María Alejandra Brancho Sulbarán que debían una alta cantidad de dinero, quien además las encerraba en su vivienda hasta tanto aceptaran irse como prostitutas o pedir dinero en las calles.

¿Quién es la venezolana acusada de proxenetismo en Medellín?

“Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).

“Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022. La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería. La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín.

“Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño. Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado. Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.