Contratos amañados por cien mil millones en la Alcaldía de Medellín denunció el concejal Alfredo Ramos.

Según Ramos, un poder criminal estaría tras ese botín en la Empresa de Seguridad Urbana, que es dirigida por un venezolano.

“El concejal de Medellín, Alfredo Ramos, lanzó una voz de alerta por el proceso amañado que avanza en la Empresa de Seguridad Urbana ESU para entregarle 100 mil millones de pesos a empresas privadas de seguridad, de otras ciudades, bajo un modelo de puntaje y selección amañada para pagar favores políticos”, dice el boletín de prensa.

¿Qué denuncia el concejal Alfredo Ramos?

Ramos explicó que el modelo implementado para el contrato ha sido criticado por la propia Policía Nacional, y abre las puertas para que a la ciudad lleguen empresas de seguridad no autorizadas para prestar dicho servicio.

El corporado explicó en cinco argumentos la forma amañada con que la ESU entregará los $100 mil millones en la Alcaldía de Medellín, por lo que elevó una voz de alerta a los organismos de control para que intercedan de inmediato:

1. Crean unos requisitos caprichosos e innecesarios en cabeza del representante legal de las empresas de seguridad, sin relevancia alguna para la mejor ejecución del contrato. Así descalifican a muchos que tienen las mejores capacidades.

2. Se inventan una nueva forma de puntaje en la que es determinante una calificación por cursos accesorios, que tienen mínima relación con temas de vigilancia, y que la propia Policía dice que no pueden utilizarse en contratación pública.

3. Dicen que podrían seleccionarse entre 3 y 9 proveedores, de manera caprichosa, sin sustento técnico si son 3, 5 ó 9. Después del tercero, los demás son susceptibles de abrir nuevos cupos vía corrupción.

4. Abren la puerta para que, a través de uniones temporales, accedan empresas de otras ciudades (¿les suena familiar?) que no tienen licencia de funcionamiento para vigilancia en Medellín.

5. A través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), que es una maquinita de corrupción, sin idoneidad ni experiencia, pretenden legitimar a última hora la calificación, y así intentan zafarse de investigaciones.

“Con esa contratación amañada pretenden entregar $100 mil millones a dedo a empresas de pésima reputación en la industria de la seguridad privada. Corrupción y riesgo para Medellín”, advirtió Alfredo Ramos.

Estas denuncias aún no tienen respuesta del Alcalde Daniel Quintero, a quien Federico Gutiérrez llama “El nuevo Samuel Moreno”.