Una larga disputa por derechos de autor, el uso de una marca que no le pertenecía y el no pago de derechos de interpretación llevarán al cantante Nelson Velásquez a pagar 4 años de cárcel y cerca de 20 millones de pesos de sanción económica.

Hace 20 años Nelson Velásquez se retiro del grupo Los Inquietos del Vallenato, al pagar una “caución económica” que lo liberaba de continuar en el conjunto, pero siguió una carrera musical donde interpretaba los éxitos que había logrado con los Inquietos y, además, en las fiestas lo presentaban a él y su agrupación como los inquietos del Vallenato, lo que afectaba las presentaciones de la agrupación original.

Aunque se le pidió que no usara más el nombre de la agrupación y dejara de interpretar las canciones, Nelson Velásquez no aceptó y en el año 2012 Jair López, dueño de la marca, lo demandó.

¿Qué pasará con Nelson Velásquez?

Este miércoles, el juez 11 penal de Medellín finalmente condenó a Nelson Velásquez a 4 años de cárcel, que le serán “conmutados” si se presenta cada que el juez lo solicite, pero lo que sí deberá cumplir es con el pago de la sanción económica.

“En atención a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Medellín (Antioquia) condenó a cuatro años de prisión al cantante de música vallenata Nelson Aníbal Velásquez Díaz, por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

“De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2018, el artista interpretó, como solista y sin la debida autorización, varias canciones de una agrupación musical de la cual hizo parte durante varios años. En ese sentido, el fallo de primera instancia también le impuso a Velásquez Díaz una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 20’800.000 pesos”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía General de la Nación.

Además, el juez le concedió la suspensión condicional de la pena y estableció un período de prueba de 48 meses, previo el pago de una caución de un salario mínimo legal mensual vigente. Contra esta decisión proceden los recursos de ley.