La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación a la Junta de EPM, a directivos de esa misma empresa y a funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por supuestamente tener injerencia en el desastre ambiental, económico y energético que deja la hidroeléctrica de Ituango.
Desde abril del año pasado Hidroituango vive una emergencia que obligó a inundar su sala de máquinas, a cerrar intempestivamente su túneles de desviación, a terminar rápidamente su presa y a controlar el flujo de agua del río Cauca, con los consecuentes perjuicios para las comunidades cercanas. Incluso con su desplazamiento de los centros urbanos hacia lugares altos en las montañas.
Según el Procurador Fernando Carrillo, la investigación disciplinaria cobija el desastre ambiental y los perjuicios “causados a unas 20.000 familias de pescadores y unas 35 mil personas dedicadas a esa actividad en los municipios cercanos a Hidroituango”.
También la investigación disciplinaria contra la Junta de EPM se genera por “el retraso de más de tres años que tiene la obra y los costos de recuperación de la obra que a hoy suman más de dos billones de pesos”.
Además, los funcionarios e integrantes de la Junta de EPM y la ANLA deberán comparecer a una audiencia pública este martes 26 de febrero, para explicar su actuación antes, durante y después del 28 de abril del año 2018, cuando se inició la crisis de Hidroituango.
Además, las actuaciones cumplidas por cada uno de ellos desde ese momento, el nivel de planeación o de improvisación en cada una de las acciones tomadas y sus consecuencias sobre la obra.
Finalmente, según dijo el procurador Fernando Carrillo a los periodistas, la entidad a su cargo solicitó se declare la emergencia ambiental por la situación que se vive en los municipios y las riberas del río Cauca desde la semana pasada.
