Bernardo Alejandro Guerra vivió otra frustración al conocer las pruebas que mostró la defensa del concejal Santiago Jaramillo, en el caso de injuria y calumnia que el “delfín” de la casa Guerra había interpuesto contra su compañero en el cabildo local.

El abogado defensor de Jaramillo mostró varios contratos millonarios de la esposa de Bernardo Alejandro Guerra, Marta Lucía Múnera Rendón, con el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el municipio de Pequé, donde firmaba Ricardo Guerra, un primo del concejal de Medellín.

Esas pruebas llevaron a que la defensa de Jaramillo instaurara un acto de “reconvención” es decir que Bernardo Alejandro Guerra pasó de demandante, por injuria y calumnia contra Santiago Jaramillo, a demandado por los mismos delitos.

Según Wikipedia “La reconvención, también conocida como demanda reconvencional, es aquella demanda judicial que ejerce el demandado, en el mismo proceso judicial, al momento de contestar la demanda de la que ha sido objeto. Además de pedir la absolución, el demandado introduce nuevas peticiones al tribunal frente a la otra parte (el demandante). El demandado se transforma, a su vez, en demandante y el demandante en demandado. El efecto de la demanda reconvencional es que ambas partes se demandan mutuamente. Habrá dos procesos que concluirán con una única sentencia”. 

Según las pruebas aportadas, los contratos de Marta Lucía Múnera Rendón se hacían con el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico, que a su vez firmaban convenios con la secretaría de Infraestructura de Antioquia, que dirige una cuota política de los Guerra.

Curiosamente la señora, sin ser su especialidad profesional, y según los documentos aportados, era la encargada de vigilar las adjudicaciones de obras y calificar los proyectos en la secretaría de Infraestructura, área gubernamental donde se mueven cifras multimillonarias en la contratación estatal.

Desde el año 2016, Santiago Jaramillo ha denunciado en el recinto del Concejo de Medellín a Bernardo Alejandro Guerra por agresiones a mujeres, participación en acuerdos municipales que beneficiaron a una hija de Guerra y otras violaciones a las normas legales, como la contratación de publicidad de Andrés Guerra, en un aparente testaferrato con la Fundación Sembremos País, y el canal Telemedellín. Las participaciones de Jaramillo en los debates y sus declaraciones a medios de comunicación llevaron a la denuncia de Guerra Hoyos en su contra, que ahora se devuelve contra el demandante.