La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Colombia responsable por el secuestro y tortura de Jineth Bedoya.

Colombia es responsable de “…la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, según los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada y secuestrada a las puertas de la Cárcel La Modelo por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales”, señala la sentencia.

El secuestro y tortura de Jineth Bedoya se presentó cuando ingresaba a La Modelo para entrevistarse con los paramilitares, como parte de las denuncias que hacía desde 1.999 sobre la guerra en las cárceles de Colombia.

Entre 1.999 y el año 2.000, paramilitares y guerrilleros se enfrentaron en una guerra interna por manejar La Modelo. En ese primer año se reportaron 65 muertos en los enfrentamientos.

En el 2.000, cuando ya se denunciaban 34 muertes, Bedoya fue “invitada” a escuchar a los paramilitares, lo que finalmente terminó siendo una estrategia para secuestrarla durante 16 horas.

Por años el secuestro y tortura de Jineth Bedoya se mantuvo en la impunidad, pero en el 2019 fueron condenados los paramilitares Jesús Emiro Pereira, alias Huevo pisca, Alejandro Cárdenas, alias J.J, y Mario James Mejía, alias El Panadero, quienes admitieron su culpabilidad.

Sin embargo, funcionarios de la cárcel, del Ejército y la Policía, acusados de ser autores intelectuales, siguen libres.

Además, La Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión y garantías judiciales de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a mayo de 2000”.

¿Qué ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó medidas de reparación como:

Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la señora Bedoya el 25 de mayo de 2000, así como los actos de amenazas que ha sufrido.

Garantizar la difusión del programa trans-media “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos.

Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores.

Crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas.

Diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.

Crear un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.

Y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas.