Al valorar los argumentos y medios de conocimiento expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien habría coordinado el entramado de corrupción alrededor de la compra de congresistas para que aprobaran los proyectos del gobierno de Gustavo Petro.
Esta medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González deberá ser cumplida en centro carcelario, para lo cual se buscará su captura y extradición desde el país donde se encuentra.
“Tras ser imputado por conductas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó, el tribunal emitió medida de aseguramiento contra González Merchán por los dos primeros delitos.
“El magistrado libró orden de captura en contra de González Merchán luego de atender la petición de la Fiscalía mediante la cual sustentó que el hoy procesado podría interferir en la investigación con la afectación a otros intervinientes y su posible no comparecencia en las próximas etapas del proceso penal”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.
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Según la investigación que adelantan dos fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre y octubre de 2023, el entonces director del DAPRE habría determinado a Olmedo López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, para que direccionara contratos de la entidad con el propósito de obtener recursos ilícitos dirigidos a pagar coimas dirigidas a los expresidentes de Senado de la República y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivamente, a cambio del trámite favorable de proyectos de ley en las corporaciones legislativas.
¿Cuánto pagó la UNGRD a congresistas corruptos?
Ante retrasos en la contratación al interior de la Unidad, González Merchán, ordenó a López Martínez en octubre de 2023 la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos en efectivo para los dos congresistas, y determino a Sandra Liliana Ortiz Nova para que transportara tres mil millones con destino a Iván Leonidas Name Vásquez.
Los mil millones de pesos restantes fueron destinados a pagar la dadiva ilícita pactada con Andres David Calle Aguas.
El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira
