La Universidad de Medellín exigió que la justicia actúe con total transparencia y no bajo el influjo de asambleístas que quieren destruirla.

Ante el prejuzgamiento del investigador y sus palabras de “amedrentamiento” a los directivos, tras escuchar sus declaraciones, y sin un razonamiento eminentemente jurídico y si más bien como un “instrumento jurídico” al servicio de personas ajenas y malquerientes de la Universidad de Medellín, los directivos del centro Académico pidieron a la Dirección Seccional de Fiscalías establecer un tribunal técnico jurídico que evalúe lo hasta hoy realizado por el fiscal 70 delegado de Medellín.

En una misiva de cinco páginas, el rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas, enumera las seis eventuales inconsistencias jurídicas del fiscal del caso, así como sus palabras contra directivos y profesores, la superioridad jerárquica laboral de uno de los asambleístas de la Universidad con dicho fiscal y las inconsistencias jurídicas en la definición de los sujetos calificados y el objeto material a demostrar.

También, la comunicación clarifica el paso a paso de la formación académica de Julián Bedoya Pulgarín y los procesos, asignaturas y exámenes preparatorios, certificados mediante registro escrito, gráfico y de video, que debió cumplir para su graduación, los cuales en los últimos años se han aplicado a otros 236 estudiantes.

Toda esa documentación fue debidamente entregada al fiscal del caso, sin que hasta hoy se conozca ni una sola evaluación jurídica y procesal sobre esa documentación oficial.

Tampoco, se ha solicitado la declaración del grupo de profesores evaluadores, quienes se pusieron a disposición del Fiscal, sin recibir respuesta durante estos largos meses.

¿Qué pide la Universidad de Medellín a la Fiscalía ?

Finalmente, la comunicación señala eventuales inconsistencias jurídicas, al calificar como servidores públicos a las personas a quienes se escuchó en declaración formal, aunque no cumplen la normatividad para ser calificados como tales, según el artículo 20 de la ley 599 del 2000.

Por estas eventuales violaciones a la ley, el rector solicitó formalmente a la Dirección Seccional de Fiscalías, el establecimiento de ese tribunal, el cual está reglamentado y autorizado por la resolución 1053 del 21 de marzo de 2017, de la Fiscalía General de la Nación.