Adriana Patricia Lizarazo, la estafadora que decía trabajar en la Fiscalía, la Jurisdicción Especial Para la Paz y la DIAN, tumbó a 8 personas con falsos remates judiciales y se les llevó 450 millones de pesos que le consignaron en sus cuentas bancarias.
Durante ocho años, esta mujer decía tener injerencia en los remates judiciales en Colombia y la posibilidad de entregar bienes, vehículos, fincas y lotes a quienes le consignaran un porcentaje del supuesto valor de lo que quisieran comprar.
Pero Adriana Patricia Lizarazo, la estafadora, nunca trabajó en esas entidades oficiales y aun así logró que le consignaran 450 millones de pesos, a cambio de letras comerciales y supuesto contratos de compraventa, que resultaron todos falsos.
¿Quién es Adriana Patricia Lizarazo, la estafadora de Bogotá?
“Con ofrecimientos de supuestos remates judiciales de inmuebles y carros de alta gama a bajo precio, Adriana Patricia Lizarazo Cordero habría estafado a, al menos, ocho ciudadanos en Bogotá que estarían buscando invertir sus ahorros y perdieron sus recursos.
“El material de prueba recopilado estableció que Lizarazo Cordero durante 2016 y 2024, se habría hecho pasar como funcionaria de diferentes entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la DIAN, entre otras, para ganarse la confianza de las víctimas y que de esta manera le consignaran altas sumas de dinero.
“Las evidencias dan cuenta de que Lizarazo Cordero inicialmente les enviaban letras de cambios, contratos comerciales entre otros documentos que daban apariencia de legalidad a la negociación. Posteriormente, eran inducidos a transferir el dinero para la supuesta compra de unos pines que les permitirían participar en los remates, pero finalmente no recibían ni los bienes, ni los recursos entregados”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía.
La Fiscalía ha asociado ocho denuncias en las que se acreditan pérdidas superiores a los 450.000.000 de pesos. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá la imputó en contumacia, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y ordenó su captura. La mujer fue detenida en Susa (Cundinamarca), por uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de esta decisión