Una investigación de la Fiscalía comprobó que 4 funcionarios, entre ellos la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, se habían confabulado para direccionar las adjudicaciones del municipio y entregarlas a empresas que no tienen experiencia en las áreas contratadas.
Entre las acusaciones contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, figura una por un contrato para suplir el elemento de animales de la calle, que fue entregado a una empresa de aseo.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
¿De qué acusan a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda?
“La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos para los animales del centro de protección de la ciudad.
“Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
“Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad. Presuntamente, Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos”, señaló el boletín y prensa oficial ela Fiscal Aid e Colombia.
Además, habrían elaborado estudios con precios ajenos al mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.
Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.
Este caso recuerda al del Alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, capturado por exigir el 20 por ciento de un contrato de construcción en su municipio. También fue capturado.
