Alfredo Ramos pareció iniciar su nueva campaña electoral para el año 2024 al lanzar un proyecto de acuerdo para que no se hagan más contratos de prestación de servicios en la Alcaldía y esos empleados pasen a ser servidores públicos, con todas las garantías laborales.
Aunque la intención de Alfredo Ramos es buena, y permitiría que muchas personas, al fin, cuenten con garantías laborales y no dependan de intrigas políticas para mantener su trabajo, la idea es absurda.
Contratar a todos los funcionarios de prestación de servicios como funcionarios de planta llevaría que el municipio invierta más del 50 por ciento de sus ingresos en burocracia.
Eso llevaría a violar la ley 617, que se creó para regular la situación fiscal de los departamentos y ciudades.
El año anterior, al finalizar el gobierno de Federico Gutiérrez, se denunció que los “contratistas” del Municipio de Medellín eran cerca de 8 mil, casi todos “ubicados” por palanca política.
Se habló, incluso, de que esa cifra era casi el doble del número de empleados públicos.
Violar la ley 617 por burocracia, le traería muchos problemas al Municipio de Medellín.
Incluso esa normatividad dice que cuando un departamento o ciudad “…destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la ley 617, se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior”.
Con un perjuicio mayor para los empleados, porque cuando se descienda de categoría “… los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría”.
Es decir, bajarán, así como bajó la categoría del Municipio. La propuesta no llevaría a Medellín Adelante, como él proponía cuando aspiraba a ser Alcalde, sino hacia atrás, en momentos en que la ciudad ve comprometidos sus recursos por la emergencia de Hidroituango y la situación financiera de EPM.
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