La Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio a bienes de Vicente Castaño Gil, el líder y fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Principalmente esos bienes de Vicente Castaño Gil están representados en fincas y un edificio en Santa Marta que están avaluados en 17 mil millones de pesos ( $ 17.000.000.000) y que hoy figurarían a nombre de dos testaferros del líder paramilitar.
Ellos, ya capturados, son los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zuñiga Caballero, que se hacían pasar por palmicultores y que manejarían fincas y tierras robadas a campesinos y a comunidades indígenas en el Bajo Atrato, las ganancias de esas fincas habrían permitido la compra del bien inmueble.
¿Cuándo murió Vicente Castaño Gil?
Los bienes seguían a nombre de los hermanos, según la investigación de la Fiscalía, ante la muerte el 17 de marzo del año 2007 de Vicente Castaño Gil, en una vendetta interna en las AUC que se habría generado en los diálogos del jefe para con el gobierno de Estados Unidos.
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Ahora esos bienes pasarán a manos del Fondo para la Reparación de las Víctimas:
“La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta (Magdalena), que haría parte del patrimonio de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.
De acuerdo con las evidencias obtenidas, las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.
El inmueble, avaluado preliminarmente en 17.000 millones de pesos, estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero, y su origen tendría relación con las actividades ilícitas que se les atribuyeron.
Por petición de la Fiscalía y en atención a los argumentos presentados, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien identificado. En ese sentido, pasa a contribuir a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.
