Después de innumerables postergaciones y dilaciones, algunas por supuesta enfermedad o cambio de abogados y hasta tutelas, el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa tuvo que responderle a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia sobre el irregular contrato “otorgado a dedo” para construir un puente en la vía La Cruzada – Caucasia, en la llamada troncal de la paz.
Además, para que clarificara porque un contrato adjudicado por $ 41 mil 663 millones de pesos ($ 41.663.000.000) fue adicionado sucesivamente en $ 3.995 millones y $ 16.334 millones de pesos más.
También para explicar porque un 31 de diciembre, a muy pocas horas de entregar su cargo, se le consignó un multimillonario adelanto al contratista (Los Hermanos Solarte), un favorecimiento que no tenía ninguna razón lógica.
Incluso, con parte de eso dineros la empresa constructora compró equipos para poder cumplir el contrato, los cuales luego dejó para sí y no entregó a la Gobernación de Antioquia.
¿Quién descubrió acusaciones contra Aníbal Gaviria?
El 6 de septiembre de 2019, www.rutanoticias.co publicó en exclusiva el llamamiento a juicio que hacía la Corte Suprema de Justicia a Aníbal Gaviria por ese contrato y por el otro sí que se le agregó, sin concurso de méritos para los diseños y sin licitación pública.
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Esa publicación y el avance en la investigación de la Corte Suprema, liderada por Jorge Hernán Díaz Soto, entonces Fiscal delegado ante la Corte Suprema, llevó a que Aníbal Gaviria Correa fuera el primer gobernador de Antioquia capturado en ejerció del cargo, suspensión que se prolongó durante casi un año y en medio de la crisis humanitaria y social que se vivía por la pandemia del coronavirus.
La defensa del Gobernador, liderada entonces por el abogado Luis Alfonso Bravo, quien figuraba con suculentos contratos otorgados por la Gobernación de Antioquia en Indeportes e Hidroituango, logró finalmente que la Corte “liberara” al Gobernador capturado y que se le permitiera continuar en su cargo mientras avanzaba el proceso.
En ese momento se supo que uno de los elementos críticos de la investigación fue la declaración del interventor del contrato, quien señaló ante la Corte que la obra adjudicada a dedo por Aníbal Gaviria Correa “no era parte del contrato”.
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Esto llevó a que se iniciara una serie de dilaciones, por enfermedad, imposibilidad de asistencia del mandatario, tutelas, intentos de cambio de la jurisprudencia bajo la cual se investigaba al ex Gobernador de Antioquia y hasta cambio de abogado defensor.
“…Eso permitió que Aníbal contara con un abogado penalista y su equipo y no con Bravo, que era más especializado en el área administrativa como le decíamos muchos de nosotros”, le dijo a www.rutanoticias.co alguien cercano al investigado ex gobernador.
¿Irá sola Margarita María Ángel a la cárcel?
Cuando se creía que las dilaciones llevarían a que el proceso se engavetara más, el ex gobernador Aníbal Gaviria Correa fue conminado para que este lunes hiciera presencia y, como se ve en el video de la audiencia, se lavó las manos en tres ocasiones.
La primera para decir que él, como Gobernador, había delegado en sus secretarios la adjudicación y ejecución de contratos, lo que llevaría la responsabilidad a su secretaria de Infraestructura, Margarita Ángel Bernal.
Y eso llevaría a la segunda, que si pasó algo fue a sus espaldas: «Hubo un acto específico en el que yo le delegué la contratación de la Troncal de la Paz a la doctora Margarita María Ángel Bernal. Ese fue un acto específico… se hace una delegación por cuantía a los distintos secretarios de la gobernación. Pero adicionalmente está la delegación específica a la doctora Margarita», dijo.
Y la tercera lavada de manos fue para señalar que él no tiene, ni tuvo, nada que ver con entrega de adelantos… que también fue obra de su secretaria y, hasta del interventor: «…el pago del anticipo no es una función o una responsabilidad directa del gobernador Aníbal Gaviria ni de ningún gobernador. Como está estipulado es una responsabilidad de la interventoría…”.
Con la lavada de manos de Aníbal Gaviria, la “pelota” queda en manos de los testimonios de “Los Hermanos Solarte”, quienes fueron los beneficiados con el irregular contrato y señalaron que querían contar «su verdad» y en las de Margarita María Ángel, quien de pronto no querrá irse sola a la cárcel.
