La Contraloría General de la Nación cerró el proceso por la responsabilidad fiscal en Hidroituango y ordenó el levantamiento de medidas tutelares sobre los bienes de los investigados.
Esta medida de la Contraloría se ordena después el pago de cerca de 4 y medio billones de pesos de las aseguradoras a Empresas Públicas de Medellín, por la emergencia de Hidroituango, en abril de 2018.
La decisión está firmada por Juliana Velasco Gregory, Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.
Así se cierra definitivamente el caso, desde el órgano único y competente que es la Contraloría, y se le quita un argumento a Daniel Quintero Calle, el alcalde de Medellín, quien escudado en ese proceso de responsabilidad fiscal en Hidroituango se hacía ver como el salvador del proyecto, aunque los rumores en Medellín hablaban de otros contratistas y dineros ilícitos en el nuevo contrato.
A Daniel Quintero, en Colombia, se le conoce como «el nuevo samuel moreno» y ese calificativo, además de las condiciones técnicas de la obra, hacían que, desde el gobierno central hasta los ciudadanos de a pie, pidieran la continuación de las obras, de los contratistas originales y la rápida puesta en ejecución de Hidroituango.
¿A quiénes beneficia cese de responsabilidad por Hidroituango?
El proceso responsabilidad fiscal por la emergencia en Hidroituango afectaba a 26 personas y empresas, entre ex alcaldes, ex gobernadores y las constructoras.
Además, desde la Contraloría, se ordena “el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de propiedad de los declarados responsables en la causa fiscal”.
Es decir, no habrá medidas económicas de embargo y cobro contra el candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, Luis Alfredo Ramos Botero, Federico Restrepo Posada (ex gerente de EPM) y Juan Esteban Calle Restrepo (también ex gerente de EPM).
Igualmente contra Alonso Salazar Jaramillo, y las firmas que componen el consorcio constructor CCCI (Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H) y las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; Integral, diseñador y asesor; y Sainc Ingenieros Constructores, del consorcio constructor de túneles.