Cuando está a punto de concluir la ventana de aproximadamente 72 horas considerada crucial para localizar y rescatar con vida a personas atrapadas tras un terremoto, las autoridades enfrentan una de las etapas más delicadas de la emergencia que deja hasta hoy 274 víctimas mortales y 440 personas desaparecidas, que morirían ante la negativa del gobierno colombiano de recibir a rescatistas mexicanos.
De acuerdo con la información proporcionada por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a última hora, se les pidió “…una nueva certificación”, mientras la Brigada estaba en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, a la espera de autorización para continuar su viaje.
La brigada especial está vinculada a la Secretaría General de México y cuentan con experiencia en misiones de rescate en 98 países. También habrían participado en operaciones posteriores a terremotos en Venezuela.
La controversia ha adquirido una dimensión política. Sus críticos sostienen que la demora o negativa para recibir la ayuda estaría relacionada con un sesgo ideológico del Gobierno colombiano.
¿Abelardo De La Espriella, primero la vida o la ideología?
El caso plantea una pregunta central: ¿en una emergencia con cientos de personas desaparecidas deben prevalecer los procedimientos administrativos o la necesidad de movilizar toda la capacidad de rescate disponible? Aunque las 72 horas suelen considerarse un periodo decisivo, no constituyen un límite absoluto para la supervivencia. Por ello, las labores de búsqueda no deberían detenerse automáticamente al cumplirse ese plazo.
La eventual o supuesta negativa del Gobierno colombiano a recibir a rescatistas mexicanos en horas criticas para rescatar víctimas con vida se da cuando, oficialmente, se conoce que son 273 los muertos, además de 3,824 heridos y 377 desaparecidos en el país.
En una tragedia de esta magnitud, la transparencia no es secundaria. Cada hora de demora puede tener consecuencias humanas, y cualquier disputa ideológica de Abelardo De La Espriella debería quedar subordinada a la protección de las víctimas.
