Daniel Quintero fue mencionado dos veces en la rueda de prensa que dieron el contralor Carlos Felipe Córdoba, el procurador Fernando Carrillo y el Fiscal Fernando Barbosa, por eventuales irregularidades encontradas en los contratos municipales para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Esas tres entidades conforman el llamado bloque contra la corrupción.
En el primero de los casos, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde Daniel Quintero por un presunto sobrecosto, al comprar paquetes alimenticios para los estudiantes de Medellín.
Ese contrato se cumplió sin convocatoria externa ni licitación, al considerarlo la administración de Medellín necesario para enfrentar la emergencia del virus.
«En el contrato mencionado se evidenció que el valor por kit alimentario fue de $26.423, valor que al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a la suma de 32.500 pesos, que multiplicado por 220.578 kits pactados en el contrato, arrojó como valor total del mismo la suma de 7.168 millones de pesos”, señaló el Contralor de la República.
Sin embargo, ese mismo Kit alimentario en almacenes Éxito valía 22.149 pesos, es decir un sobrecosto del 19.03 %.
En esa investigación también fue vinculada la Secretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo, la asesora Jurídica María Patricia Ariza, y la Corporación Colombia Avanza, reconocida por contrataciones similares en el municipio de Bello, entidad que es representada legalmente por Henry Paulison Gómez.
Según el periódico El Tiempo, “En el seguimiento que ha hecho el ente de control a las contrataciones en el país para atender la pandemia por el COVID-19, Medellín aparece entre las ciudades capitales con los valores más altos en presuntos sobrecostos, en contratos por $ 9.729 millones, detrás de Barranquilla que aparece con $18.652 millones y Bogotá, con 14 mil millones.”
¿A quién le devolvieron tapabocas malos en Medellín ?
También en la rueda de prensa se señaló que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió indagación preliminar por la compra de 1’350.000 tapabocas, realizada a una empresa especializada en sonidos para fiestas.
Daniel Quintero como Alcalde también hizo este contrato sin licitación y la empresa debió aceptar la devolución de un alto porcentaje del producto, ya que no cumplía con los estándares de calidad y de seguridad médica para elementos tan básicos en la lucha contra el coronavirus.
En otro aparte de la rueda de prensa también se indicó que las investigaciones y las alertas de Contraloría General de la Nación llevaron a que se cancelaran o liquidaran contratos por $2.624 millones en Medellín.
En los últimos dos meses, según la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, se han realizado contratos por 3.3 billones de pesos para enfrentar la pandemia y de ellos el 21 por ciento, unos 700 mil millones de pesos, presentarían irregularidades y sobrecostos.
Según los altos funcionarios, de las 30 gobernaciones en las que se analizaron contratos solo seis no presentan sobrecostos: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá.
Y en cuanto a las Alcaldías, de 29 analizadas solo en nueve no se encontraron sobrecostos: Valledupar, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales, Armenia y Florencia.
Por eso, el Fiscal Francisco Barbosa anunció que serán llevados ante la justicia los alcaldes de Armenia y Calarcá (Quindío), Malambo (Atlántico), El Socorro (Santander), San Pedro (Valle), San Antonio (Tolima), Guaduas (Cundinamarca), Palocabildo (Tolima) y Coveñas (Sucre).
