Este mes de octubre culminó la audiencia de pruebas en el caso contra Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Daniela Maturana y el Municipio de Medellín, por la conducta difamadora y calumniosa del dirigente político contra dos mujeres.

Empezando este año, Bernardo Alejandro Guerra acusó a las demandantes de supuestos hechos delictivos cometidos en los Estados Unidos, sin presentar pruebas de ello, señalamientos que quedaron grabados en los medios de comunicación internos y externos del Concejo de Medellín y difundidos a la vez por el canal de YouTube del cabildo de la capital paisa y en una rueda de prensa posterior que dio el concejal.

La demanda se planteó inicialmente por difamación, la violación al derecho al buen nombre y a la honra y fue tasada en unos 500 millones de pesos.

El Municipio de Medellín figura también demandado ya que se considera que el Concejo de Medellín no tiene representación judicial y es parte de la estructura administrativa de la Alcaldía. La ex presidenta Daniela Maturana terminó involucrada al considerarse que permitió al concejal Bernardo Alejandro Guerra expresarse públicamente de ciudadanos sin aportar las pruebas en contra de ellos.

La demanda supera ya los 500 millones de pesos y ante una eventual decisión jurídica en contra, el Municipio está obligado a iniciar el proceso de cobro a los dos concejales de la capital paisa.

En la audiencia de octubre, se presentaron las pruebas por parte de las dos partes, las dos mujeres demandantes y el abogado defensor del municipio de Medellín.

Las demandantes demostraron los perjuicios causados como consecuencia de la conducta del concejal Bernardo Alejandro Guerra e incluso mostraron pruebas de una persecución laboral que estaría practicando el dirigente contra ellas, al indagar en entidades públicas y privadas si tienen o no vinculación laboral con ellas.