Luis Pérez volvió a cobrarle a EPM por los perjuicios causados con la no operación de la central de Hidroituango, la cual desde el 28 de abril del 2018 vive una emergencia que llevó a la no terminación de la obra y, por consiguiente, a la no generación de energía.

La nueva carta de cobro de Luis Pérez, dirigida nuevamente a Empresas Públicas de Medellín, ratifica que, de no pagar las cuentas anteriores, que ya suman cerca de 700 mil millones de pesos, llevara al embargo de las cuentas bancarias de Empresas Públicas de Medellín.

La carta de Luis Pérez se da como respuesta a una comunicación donde EPM trasfiere los costos de tratar de superar la emergencia a la sociedad Hidroituango.

En esta comunicación firmada por el mandatario seccional y el secretario de la Junta Directiva de Hidroituango, Rodrigo Ardila Vargas, se sustenta en siete puntos la decisión de ordenar a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango hacer efectivo el cobro de las penalidades y el lucro cesante, de acuerdo con el Contrato BOOMT, y de ser necesario, pedir medidas cautelares que incluyan el embargo de las cuentas de EPM.

Pérez Gutiérrez hizo énfasis al señalar que los errores cometidos por EPM en el proceso de construcción de esta mega obra no son excusables y que, así como EPM es una empresa pública del municipio de Medellín, Hidroituango es otra entidad pública cuyo mayor accionista es la Gobernación de Antioquia.  Es decir que esta empresa pertenece a los 125 municipios antioqueños.

“Lo que ha pasado aquí, metafóricamente, es que la Gobernación contrató con EPM la construcción de Hidroituango y en ese contrato hay unas obligaciones de EPM con la Gobernación. Se trata entonces, de que EPM cumpla con el contrato de construcción”, dijo el mandatario.

Aclaró el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que nunca se ha hablado mal de EPM, “hemos dicho que algunos directivos de EPM, o algunos técnicos, o algunos constructores se han equivocado y han hecho daño a las comunidades y al departamento”.

Precisó que las controversias generadas en los últimos días entre EPM, como constructor; Integral como asesor e Ingetec como interventor, culpándose mutuamente de los errores constructivos cometidos, ratifican que la Gobernación de Antioquia tiene razón en sus reclamaciones y que es injusto que imputen a la Empresa Hidroituango, y a los mismos antioqueños, todos los costos derivados de la contingencia.