El proceso de extinción de dominio a Lili Pink deja ya a Walter Francisco Martínez Martínez como el primer judicializado en la investigación por lavado de activos y contrabando, pero también sorpresas para los investigadores que hallaron las cuentas bancarias en cero y a varios de los administradores desaparecidos.
El pasado 28 de abril la Fiscalía General de la Nación, La Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, DIAN, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se unieron para terminar una investigación que se inició hace 5 años y que demostraba que la cadena de ropa interior Lili Pink ejercía conductas como lavado de activos, por una cifra de 730.000 millones de pesos, y enriquecimiento ilícito, en valores superiores a los 430.000 millones.
Esa investigación y la toma de cerca de 400 locales comerciales es lo que hoy se conoce como el proceso de extinción de dominio a Lili Pink.
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Curiosamente, mientras se hacía a la toma de los locales, también, aparentemente, se iniciaba un proceso bancario interno que llevó a que las cuentas bancarias de Fast Moda S.A.S fueron “vaciadas”, como si alguien hubiera alertado a los dueños de la intervención que se iniciaba.
Hasta el momento no se sabe de dónde salió la información, si de la Fiscalía, la SAE, la DIAN o quizá del propio banco que debía acatar la orden de congelar la cuentas hasta tanto se cumpliera la toma legal de la cadena de ropa interior.
¿Cómo va la Extinción de dominio a Lili Pink?
En medios de estos “descubrimientos” la Fiscalía de Colombia señaló que logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, como integrante de la red transnacional que estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país a través de los almacenes Lili Pink.
“Según la investigación, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.
“Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado. Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.
