Furel, la empresa constructora antioqueña y sus servicios de ingeniería pasarán a extinción de dominio, según informó la Fiscalía General de la Nación, que además embargó bienes de los políticos y dirigentes que se habrían apropiado de los recursos públicos del municipio de Armenia.
“Entre los afectados están la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, así como el constructor Fernando Díez Cardona, la Sociedad Constructora Díez Cardona S.A.S.; la Sociedad Constructora Furel S.A., del empresario Hernán Moreno Pérez, capturado; y la Sociedad Española Construcciones Lezo S.A.S”, dice la Fiscalía.
En ese entramado criminal, Moreno Pérez, dueño de Furel y Universidades en Sabaneta, y sus socios, se habrían apropiado de unos 12 mil millones de pesos.
Además, la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio contra 23 propiedades, avaluadas en ciento cincuenta y seis mil millones de pesos ($156.000’000.000), ubicadas en Bogotá, Girardot, Pereira, Medellín, Sabaneta, La Ceja, y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío).
Entre los bienes ocupados hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Por otra parte, la Sociedad Constructora Díez Cardona S.A.S.; la Sociedad Constructora Furel S.A., del empresario Hernán Moreno Pérez, quien fue capturado; y la Sociedad Española Construcciones Lezo S.A.S., que conformaron las uniones temporales a las que les fueron entregados los contratos de las obras de Armenia en medio de presuntas anomalías y pagos de dádivas, también fueron ocupadas.
También, las oficinas principales donde funcionaban en Medellín y Bogotá.
Para la Fiscalía está claro que las tres sociedades constructoras vinculadas a las investigaciones y sus bienes fueron destinados y utilizados como instrumentos para la comisión de una actividad ilegal que afectó las finanzas de Armenia.
¿Cómo se robaron los recursos públicos en Armenia ?
Entre marzo y abril del presente año, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 13 personas (funcionarios, intermediarios y contratistas) vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los planes de desarrollo vial de Armenia a un grupo específico de constructores.
Para lograrlo, toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a $111.262’735.728, quedó en manos de dos uniones temporales.
También, el acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de $300’000.000 y el pago de dádivas que correspondían al 10% del valor total de los contratos, cerca de $12.000’000.000 desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.
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