Por lo menos 12 mil 100 millones de pesos se perdieron cuando ale x gobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez, entregó dos bienes del Estado a particulares que los usufructuaron y sacaron beneficio de ellos.

Entre los bienes está el estadio de fútbol de Calarcá, escenario que incluso la Asamblea Departamental del Quindío se había negado a traspasar a un particular.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exgobernadora de Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.

¿Por qué acusan a Amparo Arbeláez ex Gobernadora del Quindío?

“La exmandataria es señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, que le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados con la Asociación Abrazar.

“Así, se materializó la entrega del terreno a la entidad privada con las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre, ambas de 2007. Dichos documentos fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008. El bien cedido, ubicado en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima), fue destinado para poner en funcionamiento la sede de la asociación beneficiada e incluyó el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, desconociendo la ordenanza departamental que no autorizó la transferencia del escenario deportivo.

“Sin embargo, en el curso de la investigación se conoció que el particular sacó provecho del recinto y asumió su administración. Por orden judicial, el estadio fue restituido a Calarcá el 28 de abril de 2022”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.

Producto de estas actuaciones quedaron en evidencia otras posibles anomalías como la autorización que se dio para ceder a una entidad privada un predio de uso público, que realmente pertenecía al municipio y no al departamento, aspecto que generó un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos; así como la ausencia de estudios de conveniencia para la donación del inmueble e inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, situación que presuntamente indujo en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.