La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por un año la medida de intervención en la EPS Sanitas “para consolidar los procesos de estabilización financiera, organizacional y de servicio que se han venido desarrollando”.

“… Se han ejecutado medidas urgentes y estructurales que han permitido avanzar en una atención más digna, oportuna y cercana a los más de 5,8 millones de afiliados en todo el país. Sin embargo, se reconoce que aún persisten desafíos importantes que requieren continuidad en la gestión para asegurar la sostenibilidad y la calidad en las condiciones de aseguramiento que la EPS presta”, señala el boletín de prensa sobre la intervención en la EPS Sanitas.

En la EPS Sanitas “…el actual interventor, Kemer Ramírez Cárdenas, ha logrado una reducción sostenida de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), con una disminución del 17,6%, equivalente a 4.036 solicitudes menos entre octubre de 2024 y febrero de 2025. También se evidenció una mejora significativa en la eficiencia en la atención presencial: el 94% de los usuarios fueron atendidos en menos de 30 minutos, mientras que los canales virtuales registraron 16,8 millones de visitas, con un incremento del 20% en la participación digital”, agrega.

Pero esas cifras fueron desmentidas por la senadora Paloma Valencia, quien alertó que « … su intervención destruyó el buen trabajo que estaban haciendo los privados. Las quejas subieron en 54%, y en el último año llegaron hasta 232 mil casos; lo que representa 40 por cada 1.000 afiliados. Además, se presentaron más de 31 mil tutelas… Los últimos tres años la siniestralidad ha superado el 100%. La cartera vencida superó $1.3 billones, lo que representa un incremento de 130% frente a 2022. Durante este Gobierno es la primera vez que Sanitas tiene deudas de 360 días o de mayor plazo”.

¿Cómo va la intervención en la EPS Sanitas?:

El nivel de satisfacción con los servicios creció 11 puntos porcentuales, alcanzando un 93%, y el indicador de recomendación se ubicó en el 94%, con un aumento de 12 puntos. Además, el 45% de los servicios direccionados no requirió autorización y el 51% fueron entregados en menos de 24 horas, eliminando así barreras en el acceso.

En cobertura, la red de prestadores activos se amplió y la atención rural y domiciliaria se incrementó con 403 prestadores de primer nivel, 553 sedes activas y la atención de 59.291 pacientes en zonas de difícil acceso, a través de 12 equipos extramurales certificados.

En el frente financiero, se incrementaron en un 161% los pagos por giro directo a la red pública del régimen subsidiado, se firmaron 1.342 actas de conciliación de glosas por $155.486 millones y se creó un comité de pagos para asegurar una distribución eficiente y transparente de los recursos. Gracias a negociaciones con la industria farmacéutica, se gestionaron ahorros por más de $21.000 millones.

El gasto administrativo fue controlado y orientado estratégicamente: el 41,5% de la UPC se destinó al pago de servicios de salud, superando la meta del 37%. De igual forma, el 68,5% de los excedentes de los planes adicionales se destinaron a obligaciones con la red, superando la meta del 60%.

Además, se logró una reducción de 3,6 puntos en la concentración de pagos a prestadores, se disminuyó  en un 76%  la legalización de anticipos y se ahorraron $466 millones con la desafiliación de Acemi.

Entre los principales retos que se han definido para esta nueva etapa se encuentra la necesidad de avanzar en la negociación directa de medicamentos con la industria farmacéutica, reduciendo costos de intermediación y mejorando la disponibilidad de tecnologías en salud.

“Estamos trabajando en la causa raíz de las quejas. Sabemos que la mayor inconformidad está en la entrega de medicamentos No PBS. Por eso, hemos implementado una serie de acciones que buscan diversificar la red de gestores farmacéuticos, y, además, estamos ampliando las agendas de citas con la red de prestadores para ofrecer más servicios a nuestros afiliados”, aseguró el Agente Especial Interventor, Kemer Ramírez Cárdenas.