El negocio parecía muy lucrativo y le despertó la ambición a muchos pero era una estafa a campesinos y reinsertados por una supuesta exportación de plátano desde Urabá, principalmente, y quienes durante 4 años vieron su producción desaparecer y con ella cerca de 200.000 millones de pesos.
Los integrantes de este esquema de robo primero les hablaron como promotores de una empresa de exportación y después los llevaron a integrarse a una supuesta Cooperativa de Exportación que nunca dio excedentes ni menos entregó un balance de sus ventas.
Según la investigación el robo continuo de la producción se presentó entre los años 2021 a 2024 y entre las víctimas están agricultores de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, en Antioquia. Además de otros afectados en el Valle del Cauca, Tolima y Magdalena.
Según la investigación de la Fiscalía la estafa a campesinos y reinsertados por una supuesta exportación de plátano afectó a cerca de 8.000 personas y familias y fue dirigida por Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos.
Falsa exportación de plátano y pérdida de $200 mil millones:
“La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa. El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero.
“La segunda promovía la vinculación de terceros como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’, mediante contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes, se prometía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, derivada de la comercialización del plátano. Cerca de 8.000 personas habrían entregado, en conjunto, aproximadamente 200.000 millones de pesos, sin recibir los rendimientos ofrecidos ni recuperar el dinero invertido. Entre los afectados estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores”, señala el boletín de prensa oficial de la Fiscalía de Colombia.
Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades. En audiencias realizadas por separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos.
De acuerdo con su posible responsabilidad individual, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
