Sandra Ortiz, ex consejera de las regiones en el gobierno de Gustavo Petro, pidió “inmunidad penal total” a cambio de testificar y dar a conocer todo lo que sabe sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, pero la Fiscalía de Colombia le negó ese beneficio porque, según lo que ha contado hasta hoy, esa colaboración “…que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial…”

Sandra Ortiz, la ex consejera para las regiones, se hizo popular tras un video donde señalaba que era inocente y que su caso haría parte de un intento de desviar la investigación sobre los verdaderos culpables en la corrupción alrededor de la compra de carrotanques para La Guajira, pagados a costos que superan dos o tres veces su valor.

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Incluso, ha llegado ha afirmar, sin dar nombres exactos, que la cabeza de esa corrupción está en la Casa de Nariño. Al negarle la “inmunidad penal total”, Ortiz enfrentaría un juicio “sin principio de oportunidad” y así una acusación sin “beneficios” y con penas de cárcel sin rebaja.

Pero, Ortiz señaló que tiene pruebas y que las aportará para demostrar quiénes lideraban esa corrupción:

¿Qué dice la Fiscalía de Sandra Ortiz?

“La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha múltiples actividades investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del direccionamiento de la contratación y apropiación de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En desarrollo de esta actividad, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos.

Durante los encuentros, la defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada, y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial.

Ante esta situación, la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, señala el comunicado oficial de la Fiscalía.