La Fiscalía General de la Nación desarticuló un “emporio criminal” creado por tres empresas de seguridad que alquilaban armas y carnetizaban a paramilitares y narcos y los hacían pasar como integrantes de sus compañías.

Por el alquiler de armas estas tres compañías cobraban desde 3 millones de pesos mensuales (por cada arma), lo que que incluía pistolas, revólveres y fusiles, de acuerdo a la importancia del narco o del para que las necesitara.

Además, de acuerdo también a quien fuera el narco o el para, cobraban de 10 millones a 40 millones de pesos por entregarles un carnet al delincuente y hacerlo pasar como escolta de una de las tres compañías, lo que les permitía a ellos y a su esquema de seguridad estar siempre armados.

Según la investigación, entre los «carnetizados» figuran alias terror, o Oliverio Isaza Ramírez, hijo del paramilitar Ramón Isaza y quien era dueño y señor de todo el andamiaje delincuencial en el magdalena medio antioqueño, y quien fue dado de baja en un enfrentamiento con la Policía

Además, figuran entre los carnertizados, y quienes alquilaban armas, Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, cabecilla del grupo delincuencial ‘La Oficina’.

Los detenidos, por liderar a Seguridad Pretorian, Securbel y Seguridad Sara, y que alquilaban armas y carnetizaban a paramilitares, son el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos ex oficiales de la Policía Nacional; y Jorge Oswaldo Castaño Galindo.

¿Por qué allanaron a seguridad Pretorian, Securbel y Seguridad Sara?

“Una maniobra fraudulenta que les permitía a cabecillas e integrantes de estructuras criminales portar armas de fuego con salvoconductos y evadir los controles de las autoridades quedó al descubierto, gracias al trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

“En el curso de la investigación se acreditó que el coronel (r) Ruiz Pulido, a través de su empresa de seguridad, habría simulado con documentación falsa el pago mensual por alquiler de armas de fuego, y carnetizado como escolta a Edgar Elicio Munévar, alias El Caballista, quien haría parte de una red que movía estupefacientes en vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y es señalado de participar en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba.

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“De igual manera, con la misma modalidad, el capitán (r) Urrego Chitiva y su compañía presuntamente avalaron el uso de armas de fuego a Jesús Martín Bello, quien también estaría vinculado a la fuga de ‘Matamba’; y a Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, cabecilla del grupo delincuencial ‘La Oficina’, que tiene injerencia en Medellín, Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá (Antioquia).

“Por último, la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, que recientemente murió en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia)”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.

En los procedimientos fueron incautados 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito. Los cargos no fueron aceptados.

¿Qué pasará con bienes de Seguridad Pretorian, Securbel y Seguridad Sara?

De forma simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en algo más de 1.800 millones de pesos, que estarían asociados a este entramado ilegal.

Se trata de dos sociedades, tres empresas de seguridad, tres inmuebles y un vehículo de gama alta, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas en Bogotá, Villavicencio (Meta), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila) y Puerto Triunfo (Antioquía).

El proceso de extinción de dominio inició luego de que fuera capturado Manuel Antonio Castañeda Bernal en vías de Cauca, mientras transportaba 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Las propiedades quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta información se publica por razones de interés general