La Procuraduría General de la Nación determinó aumentar otros tres meses la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán, mientras continúa la investigación por eventuales hechos de corrupción que habría cometido.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación tiene dos argumentos que avalan la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán:
Una que la suspensión del contrato para la fabricación de los pasaportes de los colombianos, en el siguiente quinquenio, la tomó el canciller sin argumentos facticos, jurídicos y legales que la avalaran.
Y dos que la urgencia manifiesta que se decretó, tras esa suspensión de la licitación, no tendría tampoco aval jurídico.
Valga decir que la urgencia manifiesta le permitió a Leyva Duran entregar la fabricación de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Son, que cumple con la elaboración de ese documento en las dos últimas décadas, y que, a su vez, había ganado la licitación que el canciller suspendió.
Mientras se definía qué iba a pasar con la licitación, y bajo la figura de la urgencia manifiesta, a Thomas Greg & Son se le adjudicó un contrato temporal que tiene vigencia hasta octubre de 2024.
En la caótica licitación de los pasaportes de Colombia, este 26 de febrero se dio un nuevo hecho curioso, cuando el entonces secretario general de la cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó el contrato original a la firma Thomas Greg, hecho administrativo que sería derogado dos semanas después por el gobierno, mientras que el funcionario era declarado insubsistente.
La licitación para la elaboración de los pasaportes tiene un valor de 599 mil millones de pesos.
