Durante el año 2019, Wilson Escarria, el ex juez laboral primero de Buenaventura, falló varios procesos ejecutivos de “maestros y sus abogados inconformes” con la pensiones adjudicadas, apelando a leyes inexistentes, sin tener la competencia jurídica para hacerlo y hasta “embargando cuentas del gobierno”, lo que prohíbe la ley.
Esos fallos de Wilson Escarria, el ex juez laboral de Buenaventura, permitieron que se perdieran 23 mil millones de pesos ( $ 23.000.000.000), los cuales fueron entregados a los “maestros y abogados inconformes”.
Finalmente, la Fiscalía logró consolidar la investigación y capturar a Wilson Escarria, el ex juez laboral que tumbó al fondo de prestaciones del magisterio:
¿Qué hizo un juez laboral de Buenaventura?
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de garantías al exjuez laboral de Buenaventura (Valle del Cauca), Wilson Escarria Camacho, y le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
“El exservidor judicial, quien se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de Cali por otras actuaciones presuntamente irregulares, es señalado en esta oportunidad de reformar y agrupar irregularmente en siete procesos ejecutivos las demandas de profesores contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio por pagos atrasados de cesantías.
“Entre enero y noviembre de 2019, el entonces juez emitió 53 decisiones de fondo y accedió a las pretensiones de los docentes. Los elementos de prueba dan cuenta de que intervino sin ser el competente para emitir los fallos y que sustentó sus argumentos en normas derogadas.
“Adicionalmente, el exfuncionario ordenó el embargo de cuentas de entidades del Estado, algo que prohíbe la ley”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía de Colombia.
De los siete procesos que asumió el ex juez laboral de Buenaventura, cinco fueron revocados en segunda instancia.
De cualquier manera, por los que quedaron en firme se recibieron en depósito judicial más de 23.000 millones de pesos, que habrían sido direccionados a los abogados de los profesores.
Los cargos no fueron aceptados.
