La Fiscalía imputará cargos por la emergencia de Hidroituango a otras nueve personas, quienes, según el ente investigador, habrían incurrido desde interés indebido en la contratación de la megaobra hasta peculado por apropiación a favor de terceros.
Según anunció el fiscal Francisco Barbosa, los cargos por la emergencia en Hidroituango, que se presentó en mayo de 2018 y a hoy ha gastado cerca de 5 billones de pesos en su recuperación, incluyen a cuatro altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín y a otros cinco funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y del propio Consorcio Hidroituango.
Los cargos, según la Fiscalía, se generan por “contratación directa”, la “licencia ambiental en la desviación temporal del Río Cauca” y la “contratación del sistema auxiliar de desviación del Río Cauca”.
Y, “… en ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada”.
Luego, en los días previos y tras la emergencia en Hidroituango, EPM y el Consorcio necesitaron contratar obras extras como un sistema auxiliar de desviación del Río Cauca y la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar.
“Dicha contratación, que costó más de 127.100 millones de pesos, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño, ni se tenía la modificación de la licencia ambiental”, dice la Fiscalía.
Por esas obras se imputarán cargos a cinco funcionarios de EPM y del Consocio.
Lea la decisión de la Fiscalía: Fiscalia-solicitara-audiencias-de-imputacion-por-presuntas-irregularidades-de-contratacion-y-manejo-de-hidroituango/
