Una posible conciliación con los constructores de Hidroituango se quedaba sin vigencia el 14 de agosto.
Así lo señala EPM en el documento donde solicita una conciliación por 9.9 billones de pesos con constructores, diseñadores, interventores y empresas de seguros de Hidroituango.
Es decir, después de ese día los responsables del desastre en las obras se quedarían sin ningún tipo de sanción.
Y también sin pagar ni un solo peso, pero con más contratos para terminar la central eléctrica.
Según la ley colombiana, la conciliación se vence un día después de que pasen dos años del incidente que genera la demanda.
Es decir que esa fecha era el 28 de abril de este año.
Sin embargo, a raíz de la cuarentena generada por el coronavirus, el gobierno suspendió los términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio.
Con lo que al reanudarse los términos, EPM solo tenía hasta el 14 de agosto para la acción judicial, si la quería interponer.
Si se vencía la fecha, EPM tendría que absorber todos los gastos en los que ha incurrido desde el 28 de abril del año 2018, cuando una galería auxiliar colapsó y obligó al desvió del Río Cauca y a la inundación de las obras ya casi terminadas, incluida la sala de máquinas con todos sus equipos electrónicos y mecánicos.
En un principio, Hidroituango costaba 11.5 billones de pesos,
Pero a raíz de la emergencia y la inversión en obras y reparaciones, y en la evacuación de cinco comunidades aguas abajo de la presa, el valor supera los 16.5 billones de pesos.
Además, en el presupuesto de EPM para este año se dejó 1.2 billones de pesos adicionales para terminar la obra.
Cerca de 18 billones de pesos que hay que recuperar o buscar quien los pague.
