El Consorcio Constructor de Hidroituango informó que ni Camargo Correa, ni Conconcreto y menos Coninsa ha sido notificadas aún de embargo de sus cuentas por parte de la Contraloría General de la República.
En el comunicado el Consorcio se manifiesta respetuoso «de la ley y los pronunciamientos de los entes de control».
Pero enfatiza que “durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal hemos aportado toda la información necesaria para aclarar las imputaciones planteadas por la Contraloría y demostrar que, en la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM)”.
Los tres párrafos del comunicado llevan a consolidar la idea de que el Consorcio Constructor de Hidroituango solo ha “ejecutado lo que Empresas Públicas de Medellín ha pedido”.
Eso significaría que el ente de control debería cobrar los perjuicios a EPM y no a quien cumplió sus órdenes.
Ese es uno de los temores del sindicato SINPRO, que en una campaña masiva ante los antioqueños ha resaltado que la demanda podría convertirse en un boomerang para Empresa Públicas de Medellín y afectar tantos sus finanzas como el cronograma ejecución de la central eléctrica.
Con el consecuente perjuicio para EPM (en sus finanzas por posibles multas y en su proyecto de generar energía) y para el país, que no tendría la generación de energía que el desarrollo de Colombia requiere.
Este es el comunicado:
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